Civil

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) aprobó la implementación de la oralidad civil en la Corte Superior de Justicia del Callao, a fin de que los procesos civiles sean resueltos con mayor celeridad y transparencia. Bajo este nuevo sistema de gestión, que regirá desde el próximo 30 de enero, el juez podrá resolver el caso en audiencia tras escuchar los alegatos, descargos y medios probatorios de las partes involucradas.

Todo vehículo automotor que circule por las vías nacionales debe contar con una póliza vigente del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), recuerda el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Por ello, si estás a punto de realizar un viaje por carretera en ómnibus interprovincial debes asegurarte que el vehículo que te trasladará cuente con este importante documento.

Roger Vidal Ramos  Magíster en Derecho Civil y Comercial. Candidato a doctor por la UNMSM, docente de la Facultad de Derecho de la UNMSM y la Universidad de San Martín de Porres. Presidente del Instituto Peruano de Derecho Civil. Miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Fundador de Estudio Vidal Abogados y árbitro en controversias comerciales y contrataciones estatales. 

Juan Espinoza Espinoza  Abogado. Doctor en Derecho por la PUCP. Árbitro. Catedrático universitario.  Allá en el lejano 1985, cuando aún era estudiante de Derecho, leí un artículo periodístico de José León Barandiarán, cuyo último párrafo era incomprensible. Ahí, el maestro, siguiendo el pensamiento platoniano, en el cual se exalta a la justicia como “virtud madre”, al comentar la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, afirmaba que “se ha cumplido con lo que expresase Nietzsche, de que para vivir hay que valorar, habiéndose en escopo del bien social dado obstención a una calabiótica social no obnoxia de frangirse senescentemente, siendo de repetir con El Quijote, que “siempre es alabado más el hacer el bien que el mal”

Fort Ninamancco Córdova  Profesor titular de Derecho Civil de la UNMSM. Profesor de Derecho Civil en la UPC y UTP. Profesor principal de la Amag.  Bien sabido es que el reconocimiento de la figura de don José León Barandiarán trasciende largamente el ámbito del Derecho Civil. La vida profesional de este insigne maestro sanmarquino “está por encima de toda especialidad y ni los civilistas, ni los comercialistas, ni ningún otro tipo de especialistas puede pretender que su especialidad agota la significación jurídica de quien fue el Doctor LEÓN BARANDIARÁN. En realidad, estamos ante el recuerdo de un jurista completo; y desde esa perspectiva medular, su obra, su actividad, afecta aún ahora a todo especialista posterior, en la base misma de su especialidad”

Adriana De la Piedra Chávez  Asociada, especialista en derecho corporativo del, estudio Muñiz. (Publicado en la revista Columnas del Estudio edición N° 199). La modalidad de los contratos NEC (New Engineering Contract) se ha utilizado, con gran éxito, en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Los contratos NEC fueron creados por necesidad del estado británico, con las recomendaciones de The Institution of Civil Engineers y con la finalidad de crear contratos de proyectos de inversión pública que recuperen y generen confianza entre las partes.

Por Daniel Flores Abogado. Asociado de DLA Piper Perú. Experto en asesoría corporativa en general. A poco más de cuatro años de la entrada en vigencia integral de la Ley de protección de datos personales y su Reglamento (la “Normativa”), resulta pertinente hacer un balance general y señalar algunos aspectos relevantes sobre el impacto que ha tenido en el Perú. En primer lugar, vale la pena recordar que el sustento principal de la Normativa fue y es el reconocer a los titulares de los datos personales, es decir, que cada persona es dueña/titular de su propia información (sus datos personales) y, por lo tanto, es quien decide sobre el uso que se haga de aquella. Para esos efectos se creó la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que es la encargada de realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de la Normativa, gozando de potestad sancionadora y coactiva. En este momento, podemos afirmar que tenemos una autoridad muy activa, y no solo porque se encarga de autorizar y administrar las inscripciones de los bancos de datos que sus titulares le solicitan –lo cual constituye una obligación formal–, sino porque viene desarrollando cada vez mayores investigaciones y fiscalizaciones a los administrados, a fin de corroborar si se encuentran en cumplimiento de lo dispuesto por la Normativa.

Por Enrique Varsi Rospigliosi  Doctor en Derecho. Docente investigador de la Universidad de Lima. Investigador del Concytec.  El tiempo y la conducta asumida, tempus-actus, generan efectos en las relaciones jurídicas. La supressio y surrectio como figuras o fenómenos jurídicos se estructuran tomando como base en el principio de la buena fe (1) objetiva (confianza: lealtad y honra) y consagran formas de pérdida y adquisición de un derecho por el transcurso del tiempo y la conducta; evita el abuso del poder. Derivan del principio venire contra factum proprium non valet (2) o simplemente venire (teoría de los actos propios) que implica ir contra la conducta que llevaste a cabo, por lo que se protege a la parte contra quien se pretende ejercer una posición jurídica contradictoria a un comportamiento anteriormente asumido: el Derecho no admite comportamientos discordantes.

En los procesos judiciales de desalojo por posesión precaria, la sola relación familiar de la persona demandada no constituye título que justifique la ocupación de un inmueble. Así lo acordó, por mayoría, el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil realizado recientemente con la participación de jueces superiores competentes en la referida especialidad de 34 cortes superiores y de la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma).  

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) alista para este viernes 15 una megacampaña nacional de promoción de la conciliación en todo el país, que tiene como sede emblemática la región Moquegua. El objetivo es impulsar la resolución de los conflictos en menor tiempo y costos por intermedio de un tercero llamado conciliador, quien emitirá una acta de valor similar al de una sentencia judicial de obligatorio cumplimiento. Yathsmy Karina Gil Ibarra, responsable de la dirección de conciliación extrajudicial y mecanismos alternativos de solución de conflictos, informó que en caso el acuerdo no se cumpla se solicitará su ejecución por vía judicial.