Penal

“Si las víctimas de violencia de género no denuncian a sus agresores por miedo o debido a su estado de vulnerabilidad psicológica, los familiares también pueden hacerlo para que la Policía y el Ministerio Público actúen de acuerdo a ley”, así lo manifestó la directora del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar-AURORA del MIMP, Nancy Tolentino Gamarra.

La prisión preventiva es excepcional y como tal debe interpretarse y aplicarse de forma restrictiva, amparada en un estándar de sospecha fuerte o grave y fundada, afirmó el magistrado César San Martín al explicar el reciente acuerdo plenario al respecto. Agregó que esta sospecha fuerte es un presupuesto básico sobre la alta probabilidad de que ha sido perpetrado un delito grave y que en este el imputado figure como autor o como partícipe.

El Gobierno modificó el Decreto Legislativo N° 1300, norma que regula el procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por penas alternativas (arresto domiciliario, libertad condicional y otros) para el caso de los condenados por omisión a la asistencia familiar, es decir, por no pagar la pensión de alimentos.

La Corte Superior de Justicia del Callao puso en funciones modernos módulos de atención para los casos con la nueva reforma procesal penal y de extinción de dominio. En total son siete los órganos jurisdiccionales que cuentan con mobiliario nuevo e infraestructura cómoda y moderna, lo cual permitirá un trabajo más eficiente de jueces y operadores jurisdiccionales.

Para afianzar los esfuerzos del Estado en la erradicación de la violencia en el país, el Gobierno perfeccionó la ficha de valoración de riesgo para el caso de mujeres víctimas de agresiones por parte de sus parejas. Así, mediante la R.M. Nº 328-2019-Mimp, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) dispuso la actualización del referido documento conforme a los estándares técnicos necesarios para medir de forma más óptima el riesgo al que se ven expuestas las mujeres que denuncian actos de violencia.

El fiscal chiclayano Juan Manuel Carrasco Millones, titular de la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo (FECOR), señaló a Canal N que recientemente recibió la información de un plan de atentando contra su vida, por lo que ya se tomaron las medidas para la protección de su persona.

El Ministerio Público creó cuatro fiscalías especializadas para casos de violencia contra la mujer en el distrito fiscal de Lima Este para fortalecer el trabajo de los fiscales de esta circunscripción que manejan la carga procesal de este tipo de casos.

El Poder Ejecutivo emitió un decreto de urgencia que establece medidas para fortalecer la protección de salud y vida de los trabajadores, como la de tener derecho a un seguro de vida desde el primer día de labores. Según el Decreto de Urgencia Nº 044-2019, publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano, una de las nuevas responsabilidades que asumirán las empresas es la contratación del seguro de vida para sus trabajadores desde el primer día de iniciada la relación laboral.

El Ministerio Público lleva a cabo esta mañana una diligencia de allanamiento de la vivienda del abogado Humberto Abanto y de otros comprendidos en la investigación por el caso Árbitros. La diligencia, solicitada por el Equipo Especial Lava Jato, fue aprobada por el juez Jorge Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria de Delitos de Corrupción.

Sumilla: El estatuto de la ronda campesina San Roque prevé un listado taxativo de los delitos que puede conocer e imponer sanción, dentro de los cuales, no se encuentra el de violación sexual. Además, que no se cumple con el factor de congruencia establecido en el Acuerdo Plenario N° 01-2009/CJ-116, que implica una condición de legitimidad y límite material anclado en el respeto de los derechos fundamentales para el ejercicio de esta función jurisdiccional especial. Asimismo, el Tribunal Constitucional, expresamente ha indicado que los delitos contra la libertad sexual de ninguna manera son pasibles de ser conocidos en el fuero comunal, más aun si comprometen a personas de condición especial como lo son los menores de edad.