Penal

En las próximas semanas, la Comisión Multisectorial Permanente de Implementación del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, presidida por el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Fernando Castañeda, iniciará su implementación a escala nacional, en forma progresiva, empezando en los distritos judiciales de Lima Norte, Callao y Ventanilla.

El Ministerio Público aprobó la guía operativa para la investigación del delito de trata de personas, con el fin de mejorar los procedimientos de una investigación proactiva, articulada y acorde con las nuevas tecnologías de la información, tal como lo requiere la persecución y sanción de la criminalidad en nuestro país.

Sumilla. 1. Tratándose del delito de lavado de activos, sin duda, los bienes maculados, sobre los que recayó la acción delictiva imputada, son objetos del delito; y, como tales, derechamente dan lugar al decomiso. El fundamento del decomiso en este supuesto estriba en su peligrosidad para afectar los bienes jurídicos que se procuran preservar. En este caso, el bien jurídico protegido son las estructuras del sistema económico, que exige un tráfico de los bienes por medio de operaciones reales, de carácter lícito. La finalidad del decomiso es la eliminación de tal peligrosidad. 2. El decomiso no es una pena, sino una consecuencia accesoria. Específicamente, es una medida restauradora o de corrección patrimonial distinta de la pena. Se inscribe no en el poder punitivo del Estado sino en su poder coercitivo. 3. Debe determinarse si, no siendo bienes intrínsecamente delictivos, atendiendo a su naturaleza, no corresponda su entrega o devolución. No se impondrá el decomiso cuando se trata de una adquisición de buena fe de un sujeto o titular no responsable del delito y conforme a la legalidad vigente. Así lo aceptó el artículo 319,  literal b), del Código Procesal Penal, y lo desarrolló el Acuerdo Plenario 5-2010/CJ-116, FJ 5to. 4. Esta excepción se explica en que la aplicación del decomiso al proceso penal está vinculada a la demostración del origen ilícito del bien o de su utilización para fines criminales, por ello es que, en principio, se extiende a terceros. La presencia de buena fe, desde luego, exige al tercero aportar la suficiente acreditación de su concurrencia, pues es sobre el titular del bien que recae la carga de semejante prueba. 5. La buena fe, como se sabe, es un principio genérico de comportamiento jurídico, incluso en materia de contratos, de suerte que quien realiza un acto o negocio jurídico tiene la convicción que es lícito, ignorando que en su título de adquisición concurre un vicio que pueda invalidarlo. El juicio para su determinación se apoya en la valoración de conductas deducidas de unos hechos y es de libre apreciación por el órgano jurisdiccional, para lo cual se ha de tener en cuenta hechos y circunstancias que aparezcan probados.

Por: Dino Carlos Caro Coria  (CEO en Caro & Asociados y Presidente de la Asociación Peruana de Compliance).  ¿Es posible analizar el compliance desde la teoría del delito?, la respuesta no es tan obvia si se tiene en cuenta que en el common law, para la regulación (FCPA, UKBA y UKCFA) y la literatura, los programas de prevención pueden fundamentar un descargo de la responsabilidad penal de la persona jurídica ("it is a defence") que debe ser probado por la defensa conforme a criterios periciales y, en especial, en base a las guías e instructivos desarrollados por las autoridades sobre el contenido mínimo y alcances de éstos, lo que convierte la decisión de imputar o no a la empresa en el resultado de un análisis principalmente de tipo "check list”.

El pasado 25 de setiembre, más de 700 postulantes que buscaban acceder a 19 plazas en el Distrito Fiscal de Ucayali, mediante el Concurso Público de Méritos 024-2019, se quedaron sin rendir el examen de conocimientos en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, ubicada en Pucallpa.

El Consejo ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) dispuso que solo los jueces titulares, en el grado que corresponda, sin distinción de que sean transitorios y permanentes, integren las salas y juzgados del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios en todo el país

Las personas que agredan físicamente a los fiscalizadores de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) pueden recibir una pena privativa de la libertad de 6 a 12 años. El delito que se les atribuye es lesiones graves.

Es muy discutido dentro del delito de lavado de activos el grado de conexión y su autonomía frente a otros delitos. Piénsese en aquellos casos en los que no existe ningún delito antecedente que pueda sustentar o vincular al delito de lavado de activos. Elaborado en términos de pregunta: ¿Es posible imputar el delito de lavado de activos si no existe conexión con uno precedente? Durante los últimos años, se ha discutido y difundido la idea de que ambos están totalmente desvinculados.

El Poder Judicial declaró infundado el pedido de prisión preventiva contra Luis Guzmán Palomino, chofer del camión cisterna que originó la deflagración y posterior incendio ocurrido el último jueves en Villa El Salvador.

Un total de 1,864 personas fueron detenidas a nivel nacional por la Policía durante el proceso electoral de ayer domingo 26, por tener orden de captura judicial vigente por diversos por diferentes delitos (requisitoriados).