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La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó esta tarde por unanimidad el texto sustitutorio de la ley que elimina la pensión vitalicia para ex presidentes constitucionales de la República y deja sin efecto otros beneficios.

El nuevo reglamento que unifica las normas que regulan el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), publicado hoy en el diario El Peruano, permitirá a los afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) acceder a una pensión con 17 años de aportes.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) puso a debate público los proyectos de reglamento de concurso para la selección y nombramiento de jueces y fiscales de acceso abierto y ascenso, así como las tablas de puntaje para la evaluación curricular de esas propuestas reglamentarias.

El Pleno del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que deroga del Decreto de Urgencia 014-2020, el cual regula disposiciones generales necesarias para la negociación colectiva en el sector público.

El secretario general de la Comunidad Andina, Jorge Hernando Pedraza brindó un saludo protocolar a la ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete Rodríguez.

Por: Andy Carrión Zenteno (Doctor y magíster en Derecho por la Universidad de Bonn, Alemania)  La emergencia sanitaria determinada por la pandemia, lamentablemente, no ha logrado detener los casos de corrupción en nuestro país. Todo lo contrario. Los casos divulgados en diversos niveles de gobierno nacional, regional y municipal de compras sobrevaloradas, falta de transparencia en adjudicaciones, repartos irregulares de ayudas a la población, entre otras formas manifiestas de posibles actos de corrupción, han sido moneda corriente en este contexto extraordinario.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos (ONPE) Piero Corvetto, confirmó esta noche que los miembros de mesa de las próximas elecciones generales de abril del 2021 recibirán un bono de S/ 120.

El contralor Nelson Shack mostró su preocupación debido a que la Contraloría General de la República “aún no puede sancionar a nadie” luego de que el Tribunal Constitucional (TC) determinara que la tipificación de las conductas infractoras, que anteriormente eran parte del reglamento, pasen a ser una ley.

Por: Roberto Polo (Socio del área de Servicios Legales y Tributarios de PwC) Una de las principales preocupaciones de las empresas en estos meses responde a la crisis económica originada por la pandemia. Las medidas dictadas por el gobierno buscaban aliviar la carga que esta situación ha generado en las cajas de las compañías y algunas se relacionan al ámbito tributario. Roberto Polo, socio de Servicios Legales y Tributarios de PwC explica un poco el impacto de la crisis y analiza el alcance de estas medidas.

El Ministerio de Salud aprobó el nuevo documento técnico Manejo ambulatorio de personas afectadas por la COVID-19 en el Perú, que modifica el flujograma de diagnóstico y precisa que, en casos sospechosos leves con un tiempo de enfermedad menor o igual a siete días, se aplican pruebas moleculares o de antígeno y se indica el aislamiento durante 14 días.

El Gobierno británico ha otorgado cooperación internacional para complementar los esfuerzos nacionales destinados a hacer frente a la Covid-19 en el Perú, a través de proyectos implementados por diversas organizaciones no gubernamentales.

El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, afirmó que el Expediente Judicial Electrónico (EJE), herramienta tecnológica que fortalece la celeridad y transparencia en el servicio de justicia, será implementado en todas las materias, instancias y jurisdicciones del país en menos de cinco años.

La bancada de Acción Popular presentó un proyecto de ley que plantea la creación de un régimen laboral especial para los vigilantes de edificios de departamentos, quintas, condominios u otras unidades de vivienda.

La Comisión de Constitución y Reglamento, en su vigésima segunda sesión ordinaria, ingresó a la recta final del debate y aprobación de la propuesta de restitución de la bicameralidad en la Constitución Política del Perú, con un segundo texto sustitutorio.

Por: Royce J. Márquez Oppe (Master en Derecho Tributario por la Universidad de Barcelona) El Decreto Legislativo n.o 1372 (en adelante, el D. Leg.) regula la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos sobre la identificación de sus beneficiarios finales. En ese sentido, las autoridades competentes tienten acceso oportuno a data precisa y actualizada sobre el beneficiario final para fortalecer la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la evasión tributaria nacional e internacional.

Por: Cecilia Caamaño (Gerente general de CCAA17)  La historia nos ha mostrado que las dinámicas de socialización se han visto transformadas por las crisis sanitarias. Pasó a inicios del siglo XX con la tuberculosis, cuando los protocolos laborales y el diseño de las viviendas estuvieron marcados por la consolidación de la modernidad arquitectónica.

El Ejecutivo promulgó este martes la Ley 31075 con la que se hace oficial la creación del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en reemplazo del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

Por: Miguel Cavero Velaochaga (Abogado. Director de INMOBILEX) El artículo 1099 del Código Civil (CC) enumera los requisitos para que una hipoteca sea “válida”. Así, (1) estamos ante un acto por el cual una persona afecta uno de los bienes de su patrimonio, el que necesariamente deberá ser “inmueble”, según lo prevé el artículo 1100 del CC.

Por: Wilfredo Murillo Tapia (Consultor en management y marketing para el sector legalSocio Perú-Gericó Associates) El 2019 y el 2020 se caracterizan por dos frentes. El primero, positivo, es que términos como Legal Innovation, Legal Design, Legal Tech, Legal Operations (Legal Ops), Legal Project y todo lo que se hace en otras industrias, pero adaptado al mercado legal, han sido escuchados, leídos y/o conocidos por un gran número de abogados gracias a la gran cantidad de eventos que se desarrollan sobre estos temas.

La sociedad de beneficio e interés colectivo es una persona jurídica societaria, constituida válidamente bajo alguno de los tipos societarios previstos en la Ley 26887, Ley General de Sociedades, que se obliga por su propia voluntad a generar un impacto positivo, integrando a su actividad económica la consecución del propósito de beneficio social y ambiental elegido.