Societario

Por: Mauricio Olaya, socio principal del Estudio Muñiz.  Resulta urgente dejar en suspenso la aplicación de algunas normas contenidas en la Ley General de Sociedades (LGS) que generan efectos de responsabilidad y consecuencias negativas para las empresas

El Ministerio de la Producción dispuso hoy la publicación del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley de la Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (Sociedad BIC) para recibir comentarios.

A fin de simplificar los procedimientos registrales y evitar que el ciudadano acuda a una oficina registral durante la emergencia sanitaria, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos dispuso que las copias certificadas o partes notariales sobre nombramiento, remoción o renuncia de gerente general y otorgamiento o revocatoria de apoderado de una Sociedad Anónima (SA), Sociedad Anónima Cerrada (SAC), Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (SRL) y Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL), a inscribirse en el registro de personas jurídicas a nivel nacional, se expidan con firma digital y se tramiten exclusivamente a través del Sistema de Intermediación Digital (SID-Sunarp) a partir del lunes 11 de enero de 2021.

Los ciudadanos podrán constituir una empresa en la figura de la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS) haciendo uso del Sistema de Intermediación Digital (SID Sunarp) y de su certificado de firma digital.

Por: Mauricio Olaya (Socio principal del Estudio Muñiz)  Podría parecer una transacción sencilla aquella que implica la venta de acciones de un accionista minoritario a favor del mayoritario en el marco de una relación que venía conduciéndose normalmente.

La sociedad de beneficio e interés colectivo es una persona jurídica societaria, constituida válidamente bajo alguno de los tipos societarios previstos en la Ley 26887, Ley General de Sociedades, que se obliga por su propia voluntad a generar un impacto positivo, integrando a su actividad económica la consecución del propósito de beneficio social y ambiental elegido.

Por: Mauricio Olaya (Socio principal del Estudio Muñiz)  A estas alturas del año nadie duda del impacto económico que esta pandemia tendrá en la cuenta de resultados de una gran mayoría de empresas que operan en nuestro país. Es más, en un entorno de baja demanda derivada de la pérdida de empleos que tardarán en recuperarse, sobrecostos derivados del cumplimiento de las medidas sanitarias y las restricciones que continuarán seguramente hasta mediados del 2021, es previsible que aquellas que se hayan visto más afectadas no logren revertir tal situación, sino hasta probablemente el ejercicio 2022. 

Por: Carlos Torres Morales (Socio del Estudio Torres y Torres Lara & Asociados).  La Ley General de Sociedades (LGS) establece el principio de continuidad en el cargo, según el cual los miembros de un directorio de una sociedad anónima continúan, aunque su período de elección haya vencido.

Los trabajadores pueden adquirir acciones laborales de su empleador, mediante un acuerdo voluntario entre las partes; convirtiéndose también en socio, cuyos efectos serán regulados por la Ley General de Sociedades y las normas laborales, según sea el caso.

Por: Walter Aguirre (Socio principal de Aguirre Abogados y Asesores)  Ante el impacto económico generado por el covid-19, un empresario responsable debe evaluar objetivamente la situación económica de su empresa y continuar con sus actividades siempre que esta tenga oportunidades concretas de superar la crisis.