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Por Carlos Villafuerte Alva*[1] El Lavado de Activos, es un proceso mediante el cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita. El objeto material del delito, puede ser dinero, así como también pueden ser los bienes que fueron adquiridos con este dinero ilícito, sean estos bienes muebles o inmuebles; así como también las ganancias y utilidades producto de este dinero ilícito.

El fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, estimó que la pena que recibiría el expresidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, serían de 28 años con cuatro meses por los delitos de colusión y lavado de activos en el caso proyecto Olmos.

El Poder Judicial resolvió la tarde de este jueves revocar en parte la orden de 24 meses de prisión preventiva contra el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, como parte de la investigación que se le sigue por el caso Odebrecht.

Sumilla. 1. Tratándose del delito de lavado de activos, sin duda, los bienes maculados, sobre los que recayó la acción delictiva imputada, son objetos del delito; y, como tales, derechamente dan lugar al decomiso. El fundamento del decomiso en este supuesto estriba en su peligrosidad para afectar los bienes jurídicos que se procuran preservar. En este caso, el bien jurídico protegido son las estructuras del sistema económico, que exige un tráfico de los bienes por medio de operaciones reales, de carácter lícito. La finalidad del decomiso es la eliminación de tal peligrosidad. 2. El decomiso no es una pena, sino una consecuencia accesoria. Específicamente, es una medida restauradora o de corrección patrimonial distinta de la pena. Se inscribe no en el poder punitivo del Estado sino en su poder coercitivo. 3. Debe determinarse si, no siendo bienes intrínsecamente delictivos, atendiendo a su naturaleza, no corresponda su entrega o devolución. No se impondrá el decomiso cuando se trata de una adquisición de buena fe de un sujeto o titular no responsable del delito y conforme a la legalidad vigente. Así lo aceptó el artículo 319,  literal b), del Código Procesal Penal, y lo desarrolló el Acuerdo Plenario 5-2010/CJ-116, FJ 5to. 4. Esta excepción se explica en que la aplicación del decomiso al proceso penal está vinculada a la demostración del origen ilícito del bien o de su utilización para fines criminales, por ello es que, en principio, se extiende a terceros. La presencia de buena fe, desde luego, exige al tercero aportar la suficiente acreditación de su concurrencia, pues es sobre el titular del bien que recae la carga de semejante prueba. 5. La buena fe, como se sabe, es un principio genérico de comportamiento jurídico, incluso en materia de contratos, de suerte que quien realiza un acto o negocio jurídico tiene la convicción que es lícito, ignorando que en su título de adquisición concurre un vicio que pueda invalidarlo. El juicio para su determinación se apoya en la valoración de conductas deducidas de unos hechos y es de libre apreciación por el órgano jurisdiccional, para lo cual se ha de tener en cuenta hechos y circunstancias que aparezcan probados.

Es muy discutido dentro del delito de lavado de activos el grado de conexión y su autonomía frente a otros delitos. Piénsese en aquellos casos en los que no existe ningún delito antecedente que pueda sustentar o vincular al delito de lavado de activos. Elaborado en términos de pregunta: ¿Es posible imputar el delito de lavado de activos si no existe conexión con uno precedente? Durante los últimos años, se ha discutido y difundido la idea de que ambos están totalmente desvinculados.

El juez Víctor Zúñiga Urday señaló que hoy Keiko Fujimori habría intervenido en actos de transferencia o conversión del dinero que aportó la empresa Odebrecht a la campaña de Fuerza 2011; además de existir "sospecha grave" de que tenía conocimiento de las acciones realizadas para evitar que se conozca esa fuente privada de financiamiento.

El juez Jorge Luis Chávez Tamariz declaró fundado el pedido de la Procuraduría Ad Hoc para el caso Odebrecht para ampliar de US$ 8 millones a U$S 20 millones de dólares el monto de reparación civil para la exalcaldesa Susana Villarán por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita y otros en agravio del Estado peruano. En la resolución se señala que, según el avance de las investigaciones del Ministerio Público, para la campaña del No a la revocatoria se destinó US$ 6 millones de dólares ( US$ 3 millones de Odebrecht y US$ 3 millones de OAS), y por la reelección municipal US$ 4 millones, con lo cual la suma total recibida asciende a US$ 10 millones.

Los contadores contarán con una línea exclusiva para denunciar presuntos casos de irregularidades, que el colegio podrá trasladar luego a la UIF. Representante institucional destaca que la capacitación resulta fundamental para que cumplan sus funciones como auditores y peritos fiscales. A continuación la entrevista a Francisco García Espinoza, Decano del Colegio de Contadores de Lima. 

A medida que avanza una investigación relacionada a un caso de delito de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT), como parte del proceso, las autoridades competentes toman medidas que restringen el acceso de los investigados a sus activos, como el congelamiento administrativo de fondos. Especifican, además, sujetos obligados a enviar informes semestrales. Esta medida representa una herramienta eficaz en la lucha contra dicho flagelo, habiéndose dictado desde abril del 2012 hasta mayo pasado, un total de 64 medidas de congelamiento convalidadas judicialmente, por un monto total de 43.8 millones de dólares, informó la SBS.

Por Marco A. Ruiz Martinez* y Jimena Alguacil Cesari** Desde hace algunos meses se ven diferentes publicaciones en las se hace referencia a la necesidad de nuevas leyes que impidan de alguna manera el alto grado de corrupción de las instituciones en nuestros países, a voz en cuello requieren penas más severas para la corrupción, leyes anti-lavado de activos y transparencia en la financiación de los partidos políticos. Como si el hecho de subir una pena o dictar una nueva ley nos enrumbara de una manera casi mágica por el sendero de la integridad, y buen gobierno corporativo.   Malum …