JNJ pide más presupuesto para nombrar magistrados titulares

Junta Nacional de Justicia

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos recibió el pedido urgente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para mejorar su presupuesto para el año fiscal 2022, con la finalidad de afrontar la alta provisionalidad de jueces y fiscales que afecta la independencia de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Fue durante la presentación de la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello, quien informó que en lo que resta del año solo se tiene recursos para cubrir 60 plazas de magistrados titulares en el Poder Judicial y 129 en el Ministerio Público. A la fecha, existen mil 268 plazas ocupadas por jueces supernumerarios y 4434 a cargo de fiscales provisionales.

Tello solicitó «articular con la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República para incluir en la Ley de Presupuesto del 2022 los recursos que permitan al Poder Judicial y al Ministerio Público resolver progresivamente la provisionalidad y que es una de los mayores riesgos para la independencia de los magistrados”.

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Alertó que si no se logra ese cometido, la Junta Nacional de Justicia no podrá convocar los concursos para la correspondiente selección y nombramiento de magistrados titulares. «La provisionalidad es natural, pero solamente en casos de urgencia; pero en este caso es endémico», indicó.

Antes de esta presentación, la Comisión de Justicia aprobó su plan de trabajo anual que comprende la reforma institucional del sistema de justicia; donde se busca analizar y viabilizar las iniciativas para corregir la legislación y procesal penal relacionadas con la delincuencia común y organizada. Además, se busca corregir los delitos de corrupción de funcionarios y las infracciones de los menores a la ley.

También, se apoyará propuestas legislativas que promuevan un mejor acceso descentralizado a la justicia y reformas procesales para disminuir los plazos y dinamizar el mercado en general. Igualmente se abordará la reforma penitenciaria y la digitalización de los procesos judiciales.

De inmediato se aprobó la de tres grupos de trabajo: para mejorar el sistema penitenciario; para atender la problemática de los defensores de los derechos humanos y la comunidad LGTBIQ, y para examinar la situación del trabajo conjunto entre fiscales y policías.

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En la próxima sesión se designará a los coordinadores e integrantes de estos grupos de trabajo.

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