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Tramitología, permisología y crecimiento urbano

Miguel Cavero Velaochaga (Foto: El Peruano)

Miguel Cavero Velaochaga 
Director de Inmobilex. 

Aunque algunos consideran que “tramitología” y “permisología” no existen o que parecen significar “estudio de los trámites” o “estudio de los permisos”, su uso es válido para referirse al “conjunto de trámites” y “conjunto de permisos”.

La lingüista Sofía Rodríguez escribió el 23 de junio del 2018 (véase: https://bit.ly/356M1OT) que estas palabras “se refieren al conjunto de trámites o conjunto de permisos requeridos para ejecutar un proyecto, obtener una licencia, etcétera”, y que “ambas parecen llevar implícita la carga de molestia que generan los obstáculos que hay que salvar para alcanzar el ansiado propósito”.

Además, cita a Martha Hildebrandt, quien en su columna “El habla culta” del 10 de julio del 2015 escribió que tramitología se refiere a las “acciones destinadas a alargar la duración”. Así, una gran mayoría o quizás todas las personas naturales o jurídicas que han necesitado tramitar una licencia consideran a la tramitología y/o permisología aplicable (Ley N° 29090 y su reglamento) un sinónimo de “extensa y molesta duración”, evocando principalmente el conjunto de exigencias (adicionales) recibidas de la autoridad municipal competente.

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Al respecto, en ciertos casos existen “excesos” que pueden convertirse en “barreras burocráticas”, pero también es cierto que la dimensión del proyecto, su ubicación en zona arqueológica, de protección por ser patrimonio cultural, entre otros factores, podrían justificar demoras de hasta 10 años (véase https://bit.ly/2XneEVp). Es necesario estudiar el caso y que no se repita.

Tal vez algo tiene que cambiar no solo para mejorar el clima de negocios, sino también para beneficio de la ciudad. Edward Glaeser, uno de los más reconocidos expertos en Economía Urbana, en su libro El triunfo de las ciudades, plantea que las ciudades sustituyan sus sistemas de obtención de permisos (para construcción) “por un sistema sencillo de tasas” que debería beneficiar a la ciudad.

En el país existe una dispersión de normas y competencias en la materia que constituye un problema cuya solución se posterga, y es abordado mediante la emisión de normas aisladas y sin articulación. En el 2009, Cofopri creó una comisión multisectorial para diseñar políticas integrales sobre derechos de propiedad inmueble para nuestras ciudades, pero esta quedó congelada.

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Tal vez sería conveniente reactivarla: El Estado debe procurar un crecimiento urbano equitativo.

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