Las organizaciones sindicales ahora están facultadas para emplear las tecnologías de información y comunicación, tales como grabación de audio y video, correo electrónico, aplicaciones de mensajería instantánea, entre otros, para el inicio de una negociación colectiva.
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La negociación colectiva en el sector público plantea un debate de distintos niveles. Es importante no perderse en discusiones parciales, pues estos enfoques terminan agravando el problema. En ese sentido, lo primero que debemos considerar es que esta discusión no se agota –únicamente– en decidir si deben primar las restricciones presupuestarias o el derecho a la negociación colectiva. Como en la mayoría de problemas sociales, es un tema que debe abordarse desde una perspectiva global, de políticas públicas.
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En una coincidencia sui generis la Comisión Permanente del Congreso, y el Grupo de Trabajo que evalúa el Decreto de Urgencia Nº 014-2020, que Regula Disposiciones Generales Necesarias para la Negociación Colectiva en el Sector Público, los congresistas Milagros Salazar de Fuerza Popular (FP) y Marco Arana del Frente Amplio (FA), coincidieron en la necesidad de que dicho DU, debe ser derogado por inconstitucional y vulnerar derechos de los trabajadores.
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El Poder Ejecutivo emitió en días recientes dos decretos de urgencia que han impactado significativamente en las relaciones laborales del Estado y que han abierto la puerta a un debate sobre su constitucionalidad.
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Luego de 30 años, servidores estatales podrán acceder al derecho de la negociación colectiva, sin embargo, la nueva norma vendría con restricciones que podrían ser inconstitucionales.
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A través de un comunicado, la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) afirmó que el decreto de urgencia publicado hoy y que permite la negociación colectiva en el sector público, es “inconstitucional por violar la autonomía colectiva”.
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El Poder Ejecutivo publicó hoy un decreto de urgencia que tiene por objeto emitir disposiciones generales para regular la negociación colectiva en el sector público, estableciéndose por primera vez las reglas para este tema.
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PRECISAN ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD LABORAL Definen, además, competencias en ámbitos nacional y regional.Nuevas reglas rigen para la actuación de la autoridad administrativa de trabajo (AAT), tanto a escala regional como nacional, ante el ejercicio de los derechos colectivos de los servicios públicos, en particular cuando la entidad se niegue a recibir el pliego de reclamos. Así lo explicó el laboralista César Puntriano Rosas, al comentar los alcances de la R. M. Nº 156-216-TR, que regula la actuación de esta autoridad en el trámite de las negociaciones colectivas en el sector público. Por tanto, en el marco de las negociaciones …
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