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Conflicto de Las Bambas: Reflexiones acerca de su problemática en el marco del Estado de Derecho propuestas de solución y su Impacto en la Inversión Minera en el Perú

Juan Carlos Zevallos Roncagliolo

Por Juan Carlos Zevallos Roncagliolo

Abogado Senior especialista en Derecho Corporativo, Derecho Laboral y Negociaciones con experiencia relevante en empresas de mineras, de salud, de construcción y de consultoría.

En la actualidad, el Perú, país de amplia tradición minera, viene siendo el centro de las miradas por parte de la comunidad minera internacional. Su inmenso potencial geológico, su clima favorable a la inversión, su estabilidad jurídica y condiciones económicas óptimas, contribuyen a esa posición privilegiada. Desde el año 2013, el Perú ha sido el único país que ha venido experimentado un verdadero crecimiento sostenido, según el prestigioso instituto Frasier. Este notable crecimiento sostenible, ha sido posible gracias a un buen manejo fiscal y a una política económica muy solida que en la actualidad es admirada por diversos países en el mundo, poniendo al país en el centro de la atención mundial. Este panorama óptimo e inmejorable para la actividad minera de la que todos los peruanos somos testigos, podría eventualmente verse afectado y generar un impacto negativo en la captación de capital para seguir desarrollando la actividad extractiva, al registrarse tensos conflictos sociales, los mismos que podrían poner en riesgo la estabilidad jurídica, el estado de derecho y la condiciones favorables a la actividad minera en nuestro país. Uno de estos conflictos sociales que se destacan en la actualidad, es el que viene siendo protagonizando por la minera Las Bambas propiedad de la minera china “China Mine Metals Group” (MMG) y la comunidad campesina de Fuerabamba, con intervención del estado peruano a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones(MTC) y el Ministerio de Energía y Minas(MEM). Este conflicto tiene importancia inusitada, si tomamos en consideración que la mina Las Bambas produce el 2% de la producción total de cobre a nivel mundial. En este caso álgido y agitado, las poblaciones aledañas, entre ellas la de Fuerabamba, mantuvieron bloqueado desde hace casi dos meses el camino que utilizaba la minera MMG para trasladar su mineral al Puerto de Matarani para ser embarcado con dirección a los destinos establecidos. Desde fines del mes pasado, el estado, la empresa minera y la población aledaña al proyecto, decidieron sentarse a negociar una salida óptima, consensuada y flexible para las partes. Incluso, la comunidad afectada dispuso el desbloqueo progresivo de la vía de acceso a la operación minera y el retiro de los exteriores del área de ingreso al área operativa de la mina. Se sabe que este desbloqueo es temporal y va a depender de los acuerdos alcanzados por las partes en conflicto. Incluso, la comunidad amenazó con retomar sus medidas de fuerza, entre ellas del bloqueo del corredor minero, en caso el estado no acceda a sus demandas y que la empresa minera no compense por el uso de la vía. Este enfrentamiento, que divide a la minera China y la comunidad de Fuerabamba y poblaciones aledañas, tiene ya varios años de existencia y se remonta al año 2014. Esto último, con motivo de la compra de los activos del proyecto a la Compañía Suiza Glencore. Entre los motivos principales del conflicto, podemos enumerar los siguientes: Que, de acuerdo a las poblaciones afectadas, la minera utiliza, para el transporte de su mineral, un camino de tierra que atraviesa por tierras de su propiedad; Razón por la cual piden una compensación por usar este camino. Asimismo, expresan que la minera MMG no cumplió el compromiso de implementar un mineroducto para transportar el mineral, incumpliendo el compromiso del proyecto inicial ideado por Glencore. A la par, las poblaciones afectadas consideran que MMG los reubicó a una nueva urbanización sin una adecuada compensación y sin implementar los servicios sociales y de bienestar comprometidos. Otro aspecto que enardeció a las poblaciones afectadas, fueron las polémicas detenciones de los dirigentes de Fuerabamba y sus asesores legales en el mes de Marzo pasado por el cargo penal de extorsión. De acuerdo a lo expresado por la fiscalía a cargo, los Sres. Chávez Sotelo y los dirigentes de Fuerabamba, entre ellos, Gregorio Rojas, habrían presuntamente extorsionado a la minera en los últimos meses. Se sabe que estos arrestos, fueron el detonante que agudizó las protestas, al sumarse al reclamo otras poblaciones cercanas con paros indefinidos y paralizaciones, como  Challhuahuacho. Sin embargo, y con la finalidad de disminuir la tensión generada y arribar a un entendimiento, el Sr. Gregorio Rojas pudo ser liberado a fines de Marzo pasado, luego de permanecer 8 días detenido. Pero, cuando se creía que la negociación llegaría a un calce normal con resultados positivos, comenzaron a surgir nuevos reclamos de las comunidades aledañas, aspecto que agravó el conflicto. Esta situación tensa y conflictiva, obligó a MMG a declararse en fuerza mayor a fines del mes de Marzo pasado. Con ello, se privó al estado de percibir ingresos sustanciales para sus actividades, hecho que resulta dramático si lo que se quiere lograr es el desarrollo social e inversiones e infraestructura. Al tiempo de la declaración en fuerza mayor, que obligó a incumplir a la empresa sus contratos de venta de mineral, las pérdidas superaban los US$300,000.000. Si bien es cierto, que a la fecha se tiene liberada la zona de circulación minera de uso exclusivo de MMG desde hace alguna semanas, aun no se ha logrado conjurar la amenaza y sellar una solución definitiva al conflicto en Las Bambas. Por este motivo, no es difícil presumir que esta álgida y dramática situación vienen poniendo en vilo a MMG ante un panorama incierto e instalando una gran incertidumbre para el estado peruano, las demás operaciones mineras en actividad, así como para las actividades mineras en nuestro país. Pues bien, a la fecha las partes han extendido una tregua supeditada a distintas demandas por parte de las comunidades en conflicto, algunas viables y otras inviables.  Una de estas demandas, busca la amnistía de los comuneros y la liberación de los hermanos Chávez Sotelo, situación que no tendría amparo en un estado de derecho con respeto a las instituciones y donde todos debemos ser tratados de manera equivalente y en el cual se debe de respetar la ley. En este estado del problema, creemos conveniente realizar una reflexión acerca del conflicto minero y algunas propuestas de solución para afrontar de mejor manera el escenario agitado y tenso que se respira hoy en día, cuyo detalle lo iremos compartiendo en las siguientes líneas. Conforme a nuestra lectura del conflicto, consideramos pertinente expresar que el mismo encuentra su origen en la falta de delimitación de las obligaciones del estado y de la empresa minera, la falta de una difusión clara del proyecto entre las comunidades afectadas, la falta de autoridad por parte del estado peruano, la poca o nula voluntad de las comunidades de obligarse con honor e integridad frente a la minera y la influencia negativa que en muchos casos reciben las comunidades por parte de grupos de interés anti-mineros o con una agenda subalterna con intereses definidos y por último, la falta de comprensión de la minera con relaciòn a los intereses, expectativas y requerimientos de las comunidades afectadas. Ahora bien, y habiendo esbozado más atrás las demandas de las comunidades aledañas a la operación, que básicamente buscan más inversiones, mejor desarrollo, más óptimos servicios básicos y una compensación económica más acorde con la magnitud del derecho otorgado y en consonancia con la producción de MMG, resulta pertinente desarrollar la posición de la propia minera; En esta línea, MMG afirma que comenzó a utilizar el corredor minero al haber sido declarado por el Gobierno peruano como vía nacional para trasladar el mineral desde la operación hacia el puerto de Matarani (Arequipa). En este sentido, la minera considera que no habría lugar a compensación por este hecho. Asimismo, la minera sostiene que no ignoró en ningún momento los compromisos adquiridos a través de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), toda vez, que al pasar a manos de esta, desestimó realizar el ducto al considerar que no era rentable ni eficiente para explotar esta mina. Otro argumento de la empresa en contraste a lo que afirma la comunidad, es el hecho de que considera haber excedido las expectativas de las comunidades al haber dotado de viviendas modernas con servicios de agua, desague y alumbrado público con centros de recreación, posta médica y colegio.

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Al mismo tiempo, señalan que procedieron a realizar entregas de dinero a los miembros de la comunidades como compensación por la reubicación y el uso de sus tierras. De la misma manera, la minera declara haber puesto a disposición de la comunidad de Fuerabamba el fundo  Yavi Yavi para sus labores agrícolas. Con respecto a las detenciones de los dirigentes principales y asesores legales, la minera afirma que todo obedeció a una investigación seriamente conducida por parte de la fiscalía de la nación. Como se puede deducir de las posiciones abiertamente antagónicas de la partes en conflicto, no era difícil preveer que el asunto en disputa pudiera dar un giro dramático y crítico con grandes pérdidas económicas para la sociedad, el estado y la minera. Una de las raíces del conflicto, desde nuestro punto de vista, radica en la falta de aproximación que se tiene para dimensionar el interés real de la comunidad en conficto, el monto de la compensación y de lo necesario para alcanzar bienestar y progreso permanente. Desde luego, este tenso e incierto panorama, no hace más que encarecer la actual dinámica del tratamiento de la inversión minera al no aportar estabilidad jurídica, lo que podrá paralizar y/o entorpecer la puesta en marcha de otros proyectos como Conga, Tía María y Rio Blanco Copper, que generarían más atraso para el país, desaceleración económica y que nos podrían hacer retroceder más en competitividad en el sector minero. En este punto de la discusión, resulta pertinente y prudente añadir que el conflicto de Las Bambas, pudo haberse atenuado y conjurado desde sus inicios, para así evitar esta escalada de violencia atroz innecesaria. De acuerdo hasta lo aquí señalado, resulta a todas luces evidente que esta controversia de grandes proporciones entre MMG y las comunidades involucradas en el conflicto, subyace a una falta de presencia del estado, de planes de inversión en la zona de conflicto, en la falta de inversión en infraestructura básica de calidad y desarrollo social, en la poca o nula delimitación de las obligaciones del estado y de la empresa minera(factor que confunde a las comunidades), a la falta de una difusión clara del proyecto entre las comunidades afectadas y sus variaciones, a la falta de autoridad por parte del estado peruano para garantizar el orden e imponer el estado de derecho, la poca o nula voluntad de las comunidades de obligarse con honor e integridad frente a la minera y la influencia negativa que en muchos casos reciben las comunidades por parte de grupos de interés anti-mineros o con una agenda subalterna con intereses definidos. En este punto del análisis, queremos expresar que no toda la responsabilidad en la agudización del conflicto puede atribuírsele a las partes, ya que el estado peruano ha tenido un participación importante en este contencioso, sobretodo por su debilidad institucional, falta de acciones de prevención, falta de vigor político y determinación para imponer el imperio de la ley. En este escenario altamente conflictivo como el expuesto, consideramos fundamental proponer algunas medidas que permitirían afrontar con mejor disposición el conflicto minero actual en Las Bambas y, en su caso, cualquier otro conflicto minero con similares características, estas son: En primer lugar, asegurar la presencia plena del estado en las zonas en conflicto, garantizando planes de inversión en la zona del proyecto, para poder llevar desarrollo, bienestar y progreso al pueblo. En segundo lugar, se debe delimitar con claridad cuales son las obligaciones exclusivas del estado y de la empresa minera. En tercer lugar, se debe de difundir clara y plenamente el proyecto entre las comunidades afectadas, así como sus variaciones para tener instruida a la población y evitar contratiempos y confusiones, que puedan desembocar en pleitos innecesarios. En cuarto lugar, y ello resulta un imperativo, creemos que el estado debe de asegurar el principio de autoridad para garantizar el orden e imponer el estado de derecho sin contemplación con el uso de la fuerza utilizada según corresponda de manera prudente y racional. Recordemos, que el estado es el ente que concentra el monopolio de la fuerza, lo que lo obliga a administrar justicia e imponer el orden. En quinto lugar, se debe de trabajar para comprometer a las comunidades interesadas en el proyecto para obligarse con total honor e integridad frente a la minera y el estado, estableciendo penalidades en caso de incumpliminentos y exigiéndoles interlocutores válidos para negociar. En sexto lugar, el estado debe de contrarrestar la influencia negativa que en muchos casos reciben las comunidades por parte de grupos de interés anti-mineros o con una agenda subalterna con intereses definidos; Esto último, a través de acciones de inteligencia que vayan de la mano de acciones cívicas, programas sociales y todo tipo de actos que promuevan el desarrollo, progreso y bienestar de la población aledaña al proyecto minero. En séptimo lugar, el estado y la empresa minera deben de aunar esfuerzos para comprender y armonizar los verdaderos intereses, expectativas y requerimientos de las comunidades afectadas. En octavo lugar, y aunque resulta discutible y audaz, creemos que se debería contemplar la opción legislativa de garantizarle a la comunidad aledaña al proyecto minero una participación económica en el mismo por medio de la entrega de acciones de inversión u otro mecanismo que le permitan mantener participación como parte de la empresa con voz en asuntos vinculados a su relacionamiento con la empresa minera, pero sin voto para decisiones administrativas, económicas y de inversión que son exclusivas de los socios capital, que son los expertos en el manejo del negocio minero. Por último, se podría promover acciones legislativas, como de hecho lo dejó entrever el gobierno peruano, que aseguren la canalización de mayores recursos hacia las comunidades por parte de los gobiernos regionales y garantizar la ejecución  del presupuesto dando prioridad a los programas sociales, evitando el gasto en obras innecesarias y que se gaste el dinero en “proyectos” que finalmente no se ejecutan y generan más gasto corriente a la región. En ese sentido, es un imperativo que se destine mayor participación a las comunidades o poblaciones aledañas a las operaciones mineras en el marco de las normas del Canon. Mejores. Siguiendo esta línea, queremos dejar en claro que nuestras sugerencias buscan acercar a las tres partes del conflicto, crear canales de diálogo, concertación y reducir considerablemente las condiciones para el surgimiento de conflictos. Somos de la opinión, que tomando en cuenta parte de nuestras recomendaciones se podría de alguna manera conjurar probables y potenciales conflictos mineros a futuros . No queremos decir que tengamos la fórmula mágica para resolver en su integridad la controversia en Las Bambas, pero mientras se pueda detectar los intereses de los actores, los problemas desde su fuente para prevenirlos y se pueda reunir a las partes en su estadio inicial, se podría gestionar de manera mas eficiente y optima los conflictos sociales. Recordemos que sólo el 14% del territorio nacional está concesionado a la actividad minera y que se tiene un amplio porcentaje del territorio peruano para concesionar a la actividad minera y llegar a posicionar al país como principal productor de los metales principales y alcanzar una posición de vanguardia como destino de la inversión minera global. Para concluir, consideramos crucial establecer, que sólo en un país donde la minería se ejerza en armonía con el interés social, con respeto por el equilibrio medioambiental, con responsabilidad social, con reglas claras para la inversión, con mecanismos efectivos de solución de controversias y donde se  respete la ley, se imponga el principio de autoridad y se priorice el diálogo y la negociación, será un país favorable para la inversión minera con condiciones óptimas de desarrollo.

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