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La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, se refirió al caso del partido político Apra que no logró inscribir su lista de candidatos en 7 regiones, debido a un retraso en el acceso de información en una de las plataformas virtuales.

La gerente de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE),Margarita Díaz, recordó a los partidos que están impedimentos de recibir financiamiento de personas naturales condenadas con sentencia consentida o prisión preventiva por delitos contra la administración pública.

El 26 de setiembre se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Ley N° 31046 de reforma política que establece modificaciones al financiamiento de las organizaciones políticas. Una de las principales modificaciones consiste en la eliminación de la sanción que cancela la inscripción de las agrupaciones políticas infractoras.

Algunas agrupaciones políticas que compiten en las elecciones congresales extraordinarias decidieron suspender sus actividades proselitistas tras la explosión registrada hoy en el distrito de Villa El Salvador, que dejó dos muertos y 48 heridos.

Al menos ocho agrupaciones políticas culminaron el proceso de elecciones internas para elegir a sus candidatos al Congreso de la República, en cumplimiento del cronograma electoral establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Por Andy Carrión Zenteno  Abogado penalista. Profesor de derecho penal en la UNMSM.  Desde su publicación, el 27 de agosto del presente año en el Diario Oficial El Peruano, la discusión en torno a la Ley Nº 30997 no ha hecho más que intensificarse. Y es que gran parte de la polémica se circunscribe a las similitudes normativas que presenta dicho delito con el de lavado de activos. La Ley Nº 30997 sanciona el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, incorporando al Código Penal el artículo 359- A, que prohíbe en rigor el financiamiento de organizaciones políticas; el artículo 359-B, que tipifica el falseamiento de la información sobre aportes, ingresos y gastos de organizaciones políticas; así como el artículo 359-C, que determina las fuentes de financiamiento legalmente prohibidas.