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Hace más de 4 años que abordé en el libro Criminal compliance [1] los potenciales riesgos para las empresas de acción internacional, entre ellas las peruanas, de ser sancionadas en Estados Unidos por delitos de corrupción, aún estas infracciones penales no hayan sido cometidas en el propio país norteamericano. Quizás el caso más notable lo constituye el acuerdo firmado el 21 de diciembre de 2016 entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la empresa Odebrecht, que, como muchas otras empresas, se vio obligada a pagar una suma millonaria a fin de evitar procesos judiciales por corrupción. Lo particular de la firma de este acuerdo es que permitió destapar una serie de actos corruptos que luego derivaron en sendas investigaciones en los países donde desplegaba sus actividades empresariales, incluido el Perú.
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