Ministro Luis Barranzuela defendi贸 a traficantes de armas

(Foto: GEC)
Luis Barranzuela
(Foto: GEC)

El ministro del Interior, Luis Barranzuela Vite, fue el abogado principal de los hermanos Aybar Cancho, sentenciados por haber entregado 10.000 fusiles AKM vendidos por Jordania a la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1999.

Luego de que fueran condenados a 15 a帽os de prisi贸n por dar a las FARC el armamento militar adquirido previamente en Jordania al traficante de armas Sarkis Soghanalian, el abogado Barranzuela Vite asumi贸 su defensa legal en un segundo juicio por el delito de lavado de activos proveniente del tr谩fico de drogas.

El hoy ministro se present贸 formalmente en el 2014 como abogado del teniente en retiro del Ej茅rcito Peruano Jos茅 Luis Aybar Cancho y el empresario Luis Frank Aybar Cancho, as铆 como de sus esposas, Marisol Cabrejos Torres y Liliana Villarreal Landeo, respectivamente.

Para entonces, el mayor de la polic铆a pasado al retiro en el 2012 asum铆a la defensa en casos por lavado de activos debido a su experiencia como oficial en la Divisi贸n de Investigaci贸n Financiera (Dinfi), una unidad especializada de la Dirandro.

Sin embargo, el patrocinio de los Aybar Cancho, probados traficantes de armas desde 1997 鈥揺n contubernio con el entonces jefe real del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos鈥, era hasta ese momento el caso m谩s importante que llevaba tras su salida de la PNP.

El presidente Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos presentaron a los Aybar como traficantes de armas. Foto: Manuel Garc铆a Mir贸/Archivo

Barranzuela actu贸 como el defensor de la familia Aybar en la etapa preparatoria del juicio conducido por el magistrado del Primer Juzgado de Investigaci贸n Preparatoria Nacional, Richard Concepci贸n Carhuancho. A fin de probar el delito de lavado de activos, el Ministerio P煤blico present贸 evidencias que apuntaban a que el grupo familiar hab铆a ocultado bienes adquiridos y creado empresas producto del tr谩fico il铆cito de drogas.

En contra de los hermanos Aybar constaban declaraciones e informes de funcionarios del Gobierno de Estados Unidos sobre su participaci贸n en el negocio ilegal del narcotr谩fico.

Por ejemplo, se rese帽aba el proceso por el delito de conspiraci贸n para el tr谩fico de drogas, abierto en una corte penal de Estados Unidos.

En los documentos judiciales de ese pa铆s se indicaba que la principal empresa de los Aybar Cancho, Nippon Corporation, fue una fachada para legitimar fondos de procedencia il铆cita.

Adicionalmente, se contaba con las versiones de informantes que hab铆an trabajado en la selva del Huallaga para la DEA en la d茅cada de 1990.

脫scar Ben铆tez y Hugo Rojas hab铆an se帽alado ante una comisi贸n investigadora del Congreso en el 2001 y el 2003 que los fondos amasados por los Aybar proven铆an del exterior, producto de la venta de droga, y que era ocultados en empresas familiares como Nippon Corporation, Nippon Textil y Corpinde, dedicadas supuestamente a ofrecer servicios al Estado Peruano y actividades comerciales.

Pese a las evidencias de la fiscal铆a y la procuradur铆a antidrogas, Barranzuela se esforz贸 en desacreditar los informes financieros y de inteligencia de los organismos policiales antidrogas especializados, as铆 como las declaraciones de exinformantes de la DEA.

En un escrito del 2016, el hoy ministro del Interior present贸 a la sala una serie de pedidos a fin de probar si la Dirandro tuvo o no personas arrepentidas que entregaron informaci贸n previa sobre el tr谩fico de armas que fuera revelado en un plan de operaciones del SIN conocido como Plan Siberia.

Documento presentado por el abogado en el 2016 para desacreditar las pruebas de la instituci贸n a la que perteneci贸.

Documento presentado por el abogado en el 2016 para desacreditar las pruebas de la instituci贸n a la que perteneci贸.

El abogado de la familia Aybar cuestion贸 los argumentos de la fiscal铆a y sostuvo que los hermanos eran ciudadanos que hab铆an pagado sus impuestos.

Del mismo modo, rechaz贸 que Nippon Corporation y las dem谩s firmas del grupo fueran sociedades de fachada, alegando que estas hab铆an pagado sus impuestos, lo cual 鈥揷onsider贸鈥 probaba que realizaban actividades l铆citas.

En el 2016, durante el juicio oral iniciado contra los traficantes y otros miembros de la organizaci贸n, los integrantes de la Sala Penal Nacional conformada por los magistrados Aldo Figueroa, Liliana Placencia Rubi帽os e Israel Le贸n analizaron los elementos aportados por la fiscal铆a contra los integrantes de esta organizaci贸n que oper贸 durante el gobierno de Alberto Fujimori con anuencia de Vladimiro Montesinos.

En el 2017, la Sala Penal presidida por el magistrado Figueroa decidi贸 absolver del delito de lavado de activos a todos los procesados, incluyendo a los clientes de Barranzuela. La sentencia absolutoria fue apelada por la procuradur铆a antidrogas y por la fiscal铆a especializada.

Reci茅n en junio del 2018, la Sala Penal Permanente Suprema anul贸 el juicio de los Aybar y orden贸 que se abriera uno nuevo.

Fuentes consultadas en el Poder Judicial refieren que el inicio de este proceso no tiene fecha a煤n y que ninguno de los abogados presentes en el primer juicio han renunciado formalmente al patrocinio de los procesados. El Comercio busc贸 la versi贸n del ministro del Interior para que responda sobre las razones que lo motivaron a defender a dos sentenciados por tr谩fico de armas e investigados por narcotr谩fico, pero no hubo respuesta.

Fuente: El Comercio

Written by Miguel Ampudia Belling

Abogado por la UNMSM. Maestrando en Gerencia P煤blica por la Escuela de Posgrado - Universidad Continental. Miembro fundador del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenerg茅tico 鈥 GEDEM. Director de Peruweek.pe.
(Contacto: +51 980326610 | peruweek@peruweek.pe)

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