La investigaci贸n contra Per煤 Libre, por Dino Carlos Caro Coria

(Foto: GEC)
Dino Carlos Caro Coria
(Foto: GEC)

El allanamiento e incautaci贸n de documentos en el local del partido Per煤 Libre y en los inmuebles vinculados a su fundador, Vladimir Cerr贸n, son un paso m谩s en la investigaci贸n seguida contra la c煤pula y el propio partido por lavado de activos. Seg煤n la hip贸tesis del Ministerio P煤blico, parte de los beneficios provenientes de la actividad criminal del Caso 鈥楲os Din谩micos del Centro鈥 se habr铆a utilizado con dos fines: solventar los gastos judiciales de los procesos que enfrentan los l铆deres del partido y financiar las campa帽as electorales de los 煤ltimos a帽os, incluyendo la del 2021, que llev贸 al poder al presidente Pedro Castillo.

Este caso es similar, pero a la vez diferente, de los que se siguen contra Ollanta Humala, Nadine Heredia y el Partido Nacionalista, y contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular. En todos estos, se imputa lavado de activos, entre otras razones, porque se habr铆an utilizado fondos delictivos para las campa帽as presidenciales del 2011, 2016 y 2021, seg煤n el caso. Pero existen al menos tres diferencias. La primera es que la investigaci贸n es contra el partido elegido para gobernar. Humala fue investigado tras su gobierno y Fujimori no alcanz贸 la presidencia. Con ello, la fiscal铆a podr铆a argumentar que existe peligro procesal; es decir, que la presunta organizaci贸n criminal podr铆a usar el poder p煤blico para obstruir las investigaciones en curso. Con un ejemplo, el Ministerio del Interior controla a la polic铆a, encargada de colaborar en las investigaciones bajo el mando de la fiscal铆a y, de ser el caso, ejecutar las 贸rdenes judiciales, como los citados allanamientos o posibles 贸rdenes de detenci贸n. Ese poder actual tambi茅n podr铆a implicar, desde la perspectiva del Ministerio P煤blico, el riesgo de continuidad delictiva: si 鈥楲os Din谩micos del Centro鈥 habr铆an cometido m煤ltiples delitos cuando Per煤 Libre alcanz贸 el Gobierno Regional de Jun铆n, entonces los investigados podr铆an cometer hechos semejantes pero a escala nacional, dado el control de los diferentes ministerios y del enorme presupuesto p煤blico que ahora tendr铆an.

La segunda diferencia es que los fondos il铆citos que habr铆an utilizado Fuerza Popular y el Partido Nacionalista provienen de Odebrecht y otras empresas ahora imputadas por corrupci贸n, con el debate que debe zanjar el Poder Judicial en torno de si dichos fondos, cuando fueron recibidos, ten铆an origen delictivo y si tal origen fue conocido por Humala, Heredia o Fujimori. A Per煤 Libre se le imputa el uso de fondos que emanan de la supuesta corrupci贸n regional del propio Per煤 Libre, con lo que habr铆a poco espacio para argumentar que no existe delito precedente o que se desconoc铆a el origen il铆cito de los bienes lavados.

La tercera diferencia es legislativa. El C贸digo Penal sanciona desde el 2019 el delito de financiaci贸n ilegal de partidos pol铆ticos (art铆culos 359-A, 359-B y 359-C), pero dado que la ley penal no rige hacia el pasado, solo podr铆a aplicarse a la campa帽a del 2021, si la fiscal铆a confirma que Per煤 Libre us贸 fuentes il铆citas. Una investigaci贸n por este nuevo delito podr铆a comprender no solo a la c煤pula y a la administraci贸n del partido, sino tambi茅n a quien fuera candidato y ahora presidente. La propia norma penal establece la punici贸n del candidato que comete el hecho conociendo el origen il铆cito de los recursos (art. 359-A). Conforme a los precedentes de los casos ICCGSA/Obrainsa y 鈥楽wing鈥 seguidos contra Mart铆n Vizcarra, el presidente en funciones no puede ser 鈥渁cusado鈥, como ordena el art铆culo 117 de la Constituci贸n, pero s铆 puede ser investigado, m谩s aun si se trata de delitos comunes y anteriores al cargo.

Finalmente, desde el 2018 rige la Ley 30424 de responsabilidad administrativa (隆penal!) aut贸noma de la persona jur铆dica, que permitir铆a que Per煤 Libre pueda ser llevado a juicio por lavado de activos y, de ser el caso, sancionado con multas de hasta 10.000 UIT, la suspensi贸n temporal de sus actividades o incluso la disoluci贸n del partido, aun cuando sus miembros sean absueltos o no puedan ser condenados.

Fuente: El Comercio

Written by Miguel Ampudia Belling

Abogado por la UNMSM. Maestrando en Gerencia P煤blica por la Escuela de Posgrado - Universidad Continental. Miembro fundador del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenerg茅tico 鈥 GEDEM. Director de Peruweek.pe.
(Contacto: +51 980326610 | peruweek@peruweek.pe)

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