Por: Edhin Campos Barranzuela, (Juez Superior titular de la Corte Superior de Justicia de Áncash. PHD en Ciencias Legales por la Atlantic International University. Doctor en Derecho)
Se deben preparar la logística, la infraestructura inmobiliaria, equipos de cómputo, acceso a una banda ancha de internet, despliegue de más recursos humanos, una adecuada política de bioseguridad, entre otros, a fin de reactivar los órganos jurisdiccionales y administrativos durante esta situación de pandemia del covid-19.
Esta medida, vigente desde inicios del presente mes, significa que todo el personal judicial ha empezado a trabajar desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, desde su oficina o despacho judicial.
No cabe duda que debido aún a la situación de pandemia, producto del covid- 19, se dispone que el personal considerado vulnerable realizará trabajo presencial, mixto o remoto, y para tal efecto la vulnerabilidad debe estar acreditada, mediante informe clínico actualizado por el médico ocupacional de cada corte superior de justicia.
Este nuevo marco normativo completa la resolución administrativa anterior, que disponía una jornada de cinco horas de trabajo presencial desde los despachos judiciales, y el resto de horas se realizaba de manera virtual o mediante el teletrabajo.
En la actualidad, todos los magistrados de la República concurren a su despacho judicial, respetando la jornada ordinaria de trabajo y su labor diaria para la realización de las audiencias virtuales, las realizan desde sus oficinas, es decir, concurren a su despacho, allí se conectan a la plataforma Google Hangouts Meet y llevan a cabo sus audiencias de manera remota y todas las partes procesales están conectadas de manera virtual.
Ahora, el espíritu teleológico de la norma administrativa es la concurrencia de los magistrados y personal jurisdiccional y administrativo al centro de labores por espacio de toda la jornada laboral y, además, se va preparando el camino para el retorno a las audiencias presenciales y así estas se realicen con la concurrencia física de todas las partes procesales.
No cabe duda que se debe preparar la Resolución Administrativa Nº 147- 2022 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la logística, la infraestructura inmobiliaria, equipos de cómputo, acceso a una banda ancha de internet, despliegue de más recursos humanos, una adecuada política de bioseguridad, entre otros, a fin de reactivar los órganos jurisdiccionales y administrativos durante esta situación de pandemia del covid-19 y exigir a cada justiciable haberse aplicado la tercera y/o cuarta dosis, para prevenir cualquier rebrote de esta terrible enfermedad.
En tal sentido, uno de los cambios, que se produjo en el Sistema Nacional de Justicia, fue que las audiencias judiciales dejaron de ser presenciales para convertirse en virtuales y ahora que nos encontramos en una nueva situación de disminución de contagios de esta mortal enfermedad, se considera la posibilidad cierta de retornar a la presencialidad de las audiencias en las sedes fiscales y judiciales.
No cabe duda que todo el personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial debe prepararse para ese inminente retorno, pues llevamos más de dos años de audiencias virtuales y las partes procesales están muy acostumbradas a esta nueva modalidad, que ha venido para quedarse en casa, y las autoridades no deben desaprovechar las nuevas tecnologías de la comunicación e información para consolidar el gobierno electrónico en el Poder Judicial.
Gobierno electrónico
El gobierno electrónico tiene por finalidad hacer uso de todas las herramientas tecnológicas de la información y comunicación para simplificar todos los actos administrativos que se desarrollan en los tres poderes del Estado, los tres niveles de gobierno, los organismos públicos constitucionalmente autónomos, las empresas públicas, entre otros.
Sin embargo, no hay que perder de vista que, pese a todas las limitaciones estructurales que se tienen, nos encontramos frente a una sustantiva disminución de la brecha digital, que tiene como propósito disminuir las desigualdades de acceso a la justicia.
En este contexto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2) reconoce el avance del Perú en el Índice de Desarrollo Humano, pero a su vez señala que se presentan brechas que deben ser reducidas y analiza las desigualdades actuales y cómo pueden cambiar en el futuro, observando particularmente los cambios relevantes que darán forma a la vida hasta el siglo XXII, entre ellos la transformación digital.
Es importante precisar que, con el avance de la tecnología, el Poder Judicial no puede estar ajeno a ello, debiendo para tal efecto la justicia penal estar a la vanguardia de estos avances, por lo que se debe tener presente las audiencias presenciales y además cuando fuera el caso mantener las audiencias virtuales y, para tal efecto se debe ampliar la banda de internet para un mejor uso de las tecnologías de la información y comunicación.
Abogados conforme con la nueva jornada de trabajo
No está demás indicar que la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú ha expresado su respaldo a la decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, para retomar a las labores de los jueces, juezas y personal auxiliar en forma presencial durante toda la jornada de trabajo. Mayk Pilares Rado, presidenta de la referida institución, ha expresado su respaldo a la decisión de retomar el trabajo presencial en jornada completa en el Poder Judicial y ha dejado entrever su acuerdo para el retorno de las audiencias presenciales en el Poder Judicial, pues esto mejoraría la impartición de justicia.
Así como, en una reunión virtual con la titular del Poder Judicial, ha mostrado su conformidad el integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Vicente Espinoza Santillán, para que se retorne a la presencialidad, y un buen mensaje para la población es que ahora todo el personal jurisdiccional y administrativo realiza su jornada laboral de ocho horas desde sus despachos judiciales.
A modo de conclusión
Es importante precisar que el Poder Judicial debe renovar su parque informático que, en muchos casos, tiene una antigüedad mayor a 12 años y se hallan obsoletos, por lo que urge adecuar la infraestructura inmobiliaria para darle mayor facilidad a las partes procesales, tomar todas las medidas de bioseguridad para el retorno a las audiencias presenciales y además tener muy presente que se habla también de una nueva pandemia: la viruela del mono.
Fuente: Jurídica (El Peruano)
