Por: Patricia Benavente, Consultora del Banco Mundial
El partido de Gobierno ha presentado el proyecto de Ley 021-2021-CR, que tiene la ambiciosa aspiración de “democratizar” a los Organismos Reguladores (OR). Lamentablemente, no hay en todo el proyecto ni en su exposición de motivos una explicación de lo que implica ese proceso de “democratización”. Lo que sí se señala, es que: “estos organismos no desempeñan adecuadamente sus funciones, porque se encuentran influenciados por empresas oligopólicas”.
En esa línea, se plantea crear dos puestos más en cada uno de sus Consejos Directivos (seis plazas más en el Estado), los cuales serían ocupados por asociaciones de consumidores y usuarios y por ONG dedicadas al “estudio, promoción, fiscalización o similar del respectivo servicio público”. El proyecto plantea que a diferencia de los demás miembros del Directorio, a los representantes de consumidores y usuarios, no se les exigirá contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional y tampoco, acreditar por lo menos estudios completos de maestría.
Más grave aún, es que tampoco podrán ser removidos como los demás directores (por falta grave debidamente comprobada y fundamentada, mediante Resolución de PCM, MEF y el sector), sino solo “por acuerdo expreso de las instituciones que los eligieron”. En buena cuenta, el proyecto de ley crea privilegios, e incentivos perversos, que permiten acceder a cargos públicos sin contar con el perfil técnico, y poder quedarse sin cumplir reglas equitativas de conducta. ¿Es así como el partido de Gobierno plantea fortalecer la institucionalidad de los OR?
Para quien pretende llevar a cabo una reforma de esta naturaleza, hubiera sido necesario se tome en cuenta algunos aspectos básicos:
1) Cuando se creó Osiptel (1994), ya integraba su directorio un representante de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, y uno de las empresas concesionarias de servicios. Este mecanismo de participación orgánica de los usuarios en los Directorios de los OR ya existió, y fue un rotundo fracaso, tal como lo reconocen expertos en telecomunicaciones, gestión pública y ex funcionarios. Ocurrió que naturalmente, representantes de usuarios y empresas concesionarias se enfrascaban en discrepancias irreconciliables que impedían lograr un trabajo imparcial y sobre todo técnico. Posteriormente, este esquema de participación de usuarios en los Directorios de los OR fue correctamente derogado, y ahora resultaría un retroceso sustancial volver a utilizarlo.
2) Los Organismos Reguladores ya cuentan con Consejos de Usuarios Nacionales y Regionales en los que periódicamente y luego del correspondiente concurso, representantes de diversas asociaciones de usuarios participan permanentemente en los procesos regulatorios (supervisión, fijación de tarifas, opiniones en caso de renegociaciones). Este esquema de participación ciudadana, ha sido reconocido como una buena práctica por entidades como la OCDE.
3) Si se integrara a las asociaciones de consumidores y usuarios en los Directorios de los OR, las empresas concesionarias demandarían que también se les habilite ese derecho, y volveríamos a las épocas en las que quien debía ser el “árbitro del partido” (el OR), debía consultar las reglas de juego y el recuento de goles, con los jugadores de ambos equipos (usuarios y concesionarios). Eso no solo no fortalecerá a los Reguladores, sino que los expondrá a que sus máximos órganos de decisión, los Consejos Directivos, estén capturados por los intereses respecto de los cuales deben actuar con imparcialidad.
4) La OCDE ha llevado a cabo estudios completos sobre cómo fortalecer cada uno de los cuatro Organismos Reguladores (Osiptel, Osinergmin, Ositran y Sunass), y en términos generales, recomienda mejorar sus mecanismos de coordinación intersectorial, profundizar el Análisis de Impacto Regulatorio, consolidar problemas presupuestarios, seguir contratando personal técnico calificado, y revisar el espectro funcional, con el fin de enfocarse en el núcleo de las funciones: regulación económica, supervisión de inversiones y fiscalización en la prestación de los servicios.
Si el Gobierno tiene un compromiso real con fortalecer a los OR, debería garantizar la designación de profesionales técnica y moralmente idóneos, que sean inmunes a la presión e injerencia política que tanto daño hacen a instituciones de esta naturaleza.
Fuente: Gestión
