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Conflicto Minero Tía María: La razón de la sinrazón

Conflicto Minero Tía María: La razón de la sin razón

Por Juan Carlos Zevallos Roncagliolo
Abogado Senior especialista en Derecho Minero, Derecho Corporativo y Negociaciones.

En los primeros días del mes de Julio pasado, el estado peruano resolvió otorgar a la Minera Southern Perú Copper Corporation (Southern Perú) la respectiva licencia de construcción de la planta de beneficio del proyecto que alberga el yacimiento Tía María. Este hecho, que avisoraba una inyección de inversión de capital muy importante para el estado peruano y sus fines sociales, desencadenó nuevas protestas enérgicas en la Provincia de Islay. Cabe resaltar, que estos desencuentros tienen larga data y se remontan a inicios del año 2009, recrudeciendo entre los años 2010 y 2011. En estricto, la decisión del gobierno peruano revivió viejas rencillas entre los pobladores de Cocachacra, del Valle del Tambo y demás distritos de Islay.

Por este motivo, el proyecto minero Tía María, fue paralizado por primera vez el año 2011. Esto último, luego de las observaciones planteadas al primer Estudio de Impacto Ambiental de la empresa por parte del Ministerio de Energía y Minas (Minem), que ordenó a la empresa a abstenerse a trabajar en el área. Según reportes de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo en el Perú, el conflicto minero Tía María se encuentra muy activo desde octubre del 2013, luego de algunos periodos de relativa calma. Este conflicto resulta muy delicado y preocupante, ya que no sólo ha venido generando atraso económico en la región Arequipa, encareciendo el desarrollo socio-económico, sino acumulando perdidas materiales y vidas humanas. Las divergencias entre las distintas partes en conflicto en la actualidad parecen ser irreconciliables, siendo que a la fecha no encuentra puntos en coincidencia.

Por un lado, podemos advertir el interés legítimo y válido de Southern Perú de llevar adelante la construcción de su planta de beneficio al transitar un proceso para lograr la licencia de construcción; Mientras que de otro lado, están los derechos de los pobladores de Islay de resguardar su derecho de acceso al agua, a desarrollar el agro y gozar de un medio ambiente sin contaminación. En definitiva, ambas partes en conflicto poseen intereses objetivos legítimos y válidos que deben defender con sensatez y prudencia. Lo que preocupa en el marco de todo conflicto, es cuando las objeciones o reparos de las partes en conflicto no tienen orígenes justificados, objetivos ni coherentes y se encuentran alimentados por fines ideológicos, políticos y poco razonables. Decimos esto, porque en los últimos años, y a pesar de los compromisos económicos, sociales y ambientales de Southern Perú para poner en operación el proyecto minero formalmente, se han registrado oposiciones férreas al proyecto por motivaciones difíciles de entender a simple vista basadas en criterios político-ideológicos.

Claro está, que no toda oposición a un proyecto minero como el de Tía maría contiene fundamentos no amparables o subjetivos, sino que puede deberse también a resquemores de la población, niveles de desconfianza en la empresa minera y desinformación de entre grupos de pobladores, lo que debe ser identificado en su orígen y revertido por parte del estado, las autoridades locales y de la compañía que operará el proyecto. Obviamente, quienes se oponen a Tía María, señalan que esta operación afectará la agricultura en el valle del Tambo y también se afectará el agua. Incluso, muchos de los opositores del proyecto, han venido afirmando sesgada e injustificadamente que Southern Perú no cuenta con Licencia Social, cuando saben con certeza y claridad que la mentada Licencia Social no es una figura consagrada en ley minera alguna.

En el Perú, sólo se recoge el concepto de “Licencia Social” cuando el Ministerio de Energía y Minas (Minem) la asocia a un “Compromiso Social” que hace referencia a una relación idónea y permanente entre la población y la empresa que va a intervenir el área de influencia del proyecto. Lo que sí existe en nuestro marco legal, y la empresa minera respetó a lo largo de los años, más allá de todo cuestionamiento, es una Licencia Ambiental, que tiene un procedimiento administrativo con una decisión final de otorgamiento o no de la Licencia. Naturalmente, frente a esa decisión la empresa puede impugnar el resultado. Con esto pierde consistencia la oposición ceñida a la Licencia Social, pues como lo expresamos a nivel social no existe procedimiento formal alguno.

En esta misma línea, y si nos restringimos a las condiciones formales para obtener los permisos de construcción y operación para la empresa minera, además de las autorizaciones técnicas, el instrumento ambiental por excelencia para viabilizar y autoriza actividades en el yacimiento minero es la certificación ambiental, que es lo que gestionó Southern Perú hasta en dos oportunidades. Como se colige de lo anterior, la certificación técnico-ambiental y los permisos de operación son producto de un proceso técnico-administrativo muy formal y rígido respecto del cual Southern Perú se rigió en su integridad. Ante este escenario, y como acertadamente lo ha establecido Southern Perú en más de una oportunidad, genera contrariedad e incertidumbre que un sector de la población continúe rechazando obstinadamente el proyecto minero Tía María. Ante este escenario, es primordial intentar encontrar un canal de concertación y diálogo que permita alcanzar una adecuada solución.

Lógicamente, se trata de un conflicto que ha llegado a un gran entrampamiento por la relación tirante entre los pobladores de Islay, el estado y la propia empresa minera en la cual un grupo de ciudadanos parece no confiar por diversas razones que hasta donde podemos advertir no son del todo válidas y objetivas. En esta línea, el propósito de nuestro presente trabajo es analizar brevemente el conflicto de Tía María desde la perspectiva de cada una de las partes en conflicto, señalando antecedentes del mismo, sus motivaciones y determinando si desde una base objetiva y legítima son razonables para determinar si el proyecto Tía María es viable y legalmente amparable.

Ahora bien, al tener ambas partes intereses contrapuestos, en este punto es pertinente conocer un poco más los antecedentes cronológicos del conflicto. En este sentido, empezamos señalando que en Mayo del 2003, Southern Perú inició la exploración del yacimiento que conforma el proyecto minero Tía María. En los tres (03) años posteriores descubrió depósitos de cobre en la unidad minera La Tapada. No es hasta el mes de mayo de 2009, que la empresa presenta el primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto. Este estudio ambiental lo realizó la empresa estadounidense Water Management Consultants & Testing. Durante el año 2010, en la Provincia de Islay, especialmente en el Valle del Tambo y Cocachacra, se produjeron fuertes y cruentas protestas en franca oposición al proyecto minero. Esta arremetida de la población, obligó al gobierno de aquel entonces a retroceder en la tramitación de las licencias de construcción de Southern Perú.

En el mes de Marzo de 2011, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) evaluó el estudio ambiental y encontró 138 observaciones al mismo documento. A finales del citado mes de Marzo de ese año, se reanudaron movilizaciones en contra del proyecto en Cocachacra y otros distritos de Islay. Las protestas dejaron como saldo un muerto, 13 heridos y 2 detenidos. En el mes de Abril del 2011, luego de las observaciones planteadas al E.I.A, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) declara “inadmisible” el proyecto minero y ordena a la empresa suspender los trabajos en el área. Sin embargo, la ola de protestas continuó y agregaron dos muertos más en el valle de Tambo.

En el mes de Junio del 2011, Southern Perú afirmó estar dispuesta a elaborar un nuevo E.I.A para subsanar las observaciones hechas por la Unops, anunciando para tal fin el incremento de la inversión del proyecto de US$1.000 a US$1.400. En Noviembre de 2013, Southern Perú, conforme a lo comprometido, presentó el segundo Estudio de Impacto Ambiental al Ministerio de Energía y Minas (Minem) para su evaluación. Apoderados de la minera, al unísono, resaltaron que la operación utilizaría agua de mar y se controlaría los polvos y explosiones dentro del tajo abierto. Agregaron que la planta desalinizadora a implementar, se ubicaría al norte de Mejía. En Agosto de 2014, y como consecuencia de los nuevos compromisos de la minera, el Minem resuelve aprobar el segundo EIA del proyecto presentado por la empresa. Este hecho, fue el nuevo detonante de protestas fervorosas por parte de los pobladores de Islay.

En Marzo de 2015, férreos opositores al proyecto reanudaron las protestas con un nuevo paro indefinido en el Valle de Tambo, provincia de Islay. En Mayo de 2015, el Presidente de la República, Ollanta Humala, pidió a Southern Perú buscar “las bases del entendimiento” con la población aledaña al proyecto minero como condición para operar el mismo. Este hecho, precipitó que la empresa anunciara una pausa de 60 días en la gestión del proyecto para absolver dudas de la población. En ese periodo, continuaron enfrentamientos entre la policía y manifestantes, suceso que motivó la declaratoria de estado de emergencia en la zona. En Noviembre de 2016, y pese a los esfuerzos de opositores para lograr dejar sin efecto la licencia de construcción del proyecto Tía María, se declaró infundada la demanda iniciada contra la Resolución Directoral N°292-2014-MEM, que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Tía María. En Agosto de 2017, representantes de Southern Perú afirmaron que estaba por concluirse el proceso de obtención de la licencia de construcción del proyecto que otorgaría el Minem.

A inicios de Julio de 2019, el gobierno peruano otorgó la licencia de construcción a Southern Perú. Al mismo tiempo, Southern Perú anunció que las obras solo se iniciarían cuando se dieran las condiciones adecuadas. Fatalmente, desde el quince (15) de Julio pasado, facciones de pobladores del valle de Tambo y del distrito de Cocachacra vienen acatando un paro indefinido en señal de protesta al permiso de construcción del proyecto otorgado a Southern Perú. En este contexto, el presidente de la República, Martín Vizcarra, enfatizó que no se ejecutará la construcción de Tía María, hasta no esclarecer todas las dudas que hay al respecto. Como se puede advertir del antecedente del conflicto, el común denominador a cada marcha de protesta y oposición al proyecto minero se produjo cada vez que la minera trató de acceder a la autorización de construcción de su proyecto minero, lo cual genera consternación y grandes dudas sobre la objetitivad de los reparos del sector de la población detractora del mismo. Aunque existen algunos avances en las negociaciones, el diálogo entre los representantes del Estado y los dirigentes locales se ha interrumpido reiteradas veces.

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Luego, de haber precisado los antecedentes cronológicos del conflicto minero, creemos conveniente identificar a las partes y establecer sus motivaciones. Por un lado, tenemos a los pobladores de la provincia de Islay, en su mayoría dedicada a la actividad agrícola que suele utilizar caudal hídrico para sus actividades productivas. Se trata de campesinos y empresarios agrícolas que explotan las tierras del Valle del Tambo y Cocachacra como medio de subsistencia. Es innegable, que su principal interés, con respecto al proyecto minero, es que no se afecte el agua y la actividad agrícola. El motivo principal de sus protestas está dirigido a desistir a la minera de persistir de su propósito de explotar la mina de Tía María.

La pregunta es si esta oposición cerrada al proyecto es sesgada e injustificada o no? Lo que para este fin nos lleva a identificar a la otra parte del conflicto con la finalidad de responder posteriormente la inquietud, la minera Southern Perú. Southern Perú Copper Corporation (Southern Perú), actualmente de propiedad del Grupo México, inició sus operaciones en Perú en la década de 1950. Fue la única operación minera no expropiada por el gobierno del General Juan Velasco Alvarado. De acuerdo a datos obtenidos por parte de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental(SPDA), a lo largo de sus casi 60 años de operación ininterrumpida Southern Perú, se vió expuesto en algunos pasajes de su vida operativa a cuestionamientos ambientales en su operación en las regiones de Tacna y Moquegua donde se ubican sus yacimientos mineros de Toquepala y Cuajone, así como la fundición y refinería de Ilo.

De acuerdo al antecedente de la SPDA, se sostiene como base de la crítica al proyecto, y la oposición en contra de la minera, el hecho que esta presuntamente habría contaminado en el pasado la Bahía de Ite en Tacna (derrame de relaves), la ciudad de Ilo por medio de su Refinería (emanación de dióxido de azufre), la Pampa Sitana (tendría presencia de metales pesados) y las Lagunas de Candarave (presencia de metales pesados); Del mismo modo, se afirma que la empresa habría estado trabajando con Licencias de Uso de Agua obtenidas hace más de 50 años. Finalmente, se señala que la empresa suele ser usualmente multada por parte de OEFA. No obstante, vale mencionar que en los últimos años Southern Perú ha adecuado sus prácticas operativas en su integridad con madurez a los más altos estándares socio-ambientales, lo cual revierte favorablemente cualquier antecedentes negativo cargado de cuestionamientos.

Como es innegable, luego de lo expuesto, a simple vista, estos hechos, en el historial de la transnacional podrían explicar por qué la población del valle del Tambo en Arequipa, a simple vista, se opondría férreamente al proyecto Tía María. No obstante, creemos relevante expresar enfáticamente, frente a quienes mantienen dudas sobre la transparencia y calidad de las operaciones actuales, que Southern Perú en los últimos años ha empeñado todos sus esfuerzos y oficios para remediar distintas zonas afectadas por su actividad minera en el pasado como la Bahía de Ite y Quebrada honda para tratar los relaves de su actividad minera. Adicionalmente, la empresa minera ha traído prosperidad, bienestar y progreso al país contribuyendo en programas sociales e invirtiendo en infraestructura básica, obras por impuestos, proyectos de distinta naturaleza y demás. Asimismo, Southern Perú, ha liderado sendos programas de desarrollo social, económico y productivo en su área de operación, así como en las distintas zonas de Islay que es la sede del proyecto Tía María. Precisamente, una de las actividades más promovidas es el agro.

De igual forma, a lo largo de toda su trayectoria en nuestro país, Southern Perú ha mostrado gran compromiso social, financiado premios empresariales y fomentado la educación, ciencia, tecnología y el arte. Naturalmente, Southern Perú tiene un interés marcado y profundo en desarrollar Tía María. Por esta razón, ha comprometido una inversión de más de US$1,400 millones, garantizando las mejores prácticas socio-ambientales y considerando sus compromisos de inversión en la ejecución de la planta desalinizadora para no afectar el agro ni el recurso hídrico en Islay. En este punto, y al observar el caso específico de Southern Perú, consideramos pertinente resaltar que a lo largo de todos estos años ha ido adecuando sus operaciones a las distintas normas de calidad ambiental, preocupándose por los impactos naturales de su actividad económica. Resulta ilusorio e ingenuo pensar que la actividad minera no genera impacto social y ambiental alguno, pues sí ejerce cambios en las áreas donde interviene al igual que la actividad  humana.

Lo importante, es saber mitigar y/o contrarrestar los probables impactos negativos para asegurar un ambiente equilibrado y un adecuado desarrollo sostenible. En este punto, vale agregar que las prácticas socio-ambientales mineras han ido evolucionando en el tiempo, y actividades que ahora suelen criticarse, en el pasado fueron admitidas y debidamente toleradas sin cuestionamiento. Indudablemente, en el pasado las operaciones mineras no disponían de todos los elementos tecnológicos de los que se goza en la actualidad que pueden ayudar a mitigar y/o reducir el impacto ambiental producto de la explotación de los yacimientos mineros. Si nosotros, como seres humanos, podemos evolucionar, corregirnos, optimizar nuestro comportamiento y superarnos, lo mismo sucede con la actividad económica como lo es la minería. Solo pensemos como vivía el hombre hace muchos años atrás y el impacto negativo que podía causar con determinadas actividades.

Lo resaltante y positivo en un operador minero, como lo es Southern Perú, es reconocer falencias en sus prácticas en el pasado, realizar una retroalimentación y adecuar sus prácticas socio-ambientales y tecnologías. No por ello se debe de condenar o descalificar a una empresa minera. Ahora bien, y luego de haber identificado a las partes principales en el conflicto, sus motivaciones y los hechos que marcan el conflicto en el tiempo, en este punto es necesario evaluar la posición de ambas partes para determinar si desde una base objetiva y legítima son razonables los cuestionamientos para determinar si el proyecto Tía María es viable y legalmente amparable o no. Con relación a Southern Perú, la posición con respecto al impacto del proyecto Tía María es que se ceñirán escrupulosa y religiosamente a los más altos estandares de calidad ambiental y respetaran su EIA. En tal sentido, debemos señalar que el instrumento ambiental sostiene que no se producirá humos, porque se utilizará un proceso de electrólisis.

Tampoco, se producirá relaves porque no se realizará trabajos de concentración, como sí suele ocurrir en Cuajone y Toquepala; Sino que se ejecutará procesos de lixiviación y Oxidación. Conforme lo manifiesta el Diario digital El Montonero, el proceso de lixiviación es considerado, en todo el mundo, como la técnica de explotación minera más amigable con el medio ambiente, y se ha convertido en tendencia mundial en las inversiones mineras. De este modo, no llegará a contaminar ríos ni mares con vertimentos. Como se señaló más atrás, no se usará agua de ríos ni lagos, sino que esta será extraida del agua del mar a través de una planta de desalinización. Siguiendo este orden de ideas, otra de las ventajas que se desprenden del proyecto son los beneficios comprometidos por la empresa como la inversión en educación, salud, servicios de saneamiento y en la generación de puestos de trabajo.

Se estima que durante la etapa de construcción se crearán 3000 puestos de trabajo, 650 puestos de trabajo directos durante la fase de operación. A la vez, se habilitarán más de 3500 puestos de trabajo indirectos en la etapa de operación. A la par, se fomentará la formación productiva y capacitación técnica y contar con mano de obra especializada. Del mismo modo, se crearán mayores oportunidades de trabajo para los pequeños y micro empresarios, dinamizando las actividades económicas y así promover el consumo e inversión para implementar restaurantes, tiendas, empresas de turismo en la zona, entre otros negocios. Adicionalmente,  la región Arequipa percibirá más de S/.270 millones por año, mientras que para la provincia de Islay en Arequipa se destinará 64 millones por año  y al distrito de Cocachacra se orientarán más de S/.34 millones de soles por año. Habiendo esbozado la posición inicial de la minera Southern Perú, en este punto es pertinente compartir la postura del otro actor del conflicto, los pobladores de la provincia de Islay.

Como adelantamos líneas atrás, el pueblo de Islay, en especial de las zonas del Valle del Tambo y Cocachacra, en su mayoría dedicada a la actividad agrícola suele utilizar agua para sus actividades productivas. Se trata de campesinos y empresarios agrícolas que explotan sus tierras como medio de subsistencia. Es indiscutible, que su principal temor, con respecto al proyecto minero, es que se afecte el agua, la topografía del terreno y sus actividades productivas. El motivo principal de sus protestas está dirigido a presionar al gobierno del Presidente Martín Viscarra para anular la licencia de construcción otorgada a Southern Perú para emprender la construcción de sus planta de beneficio. El problema ante el que nos enfrentamos es serio, porque formal y legalmente no existiría razón suficiente ni criterio técnico para no reconocer el derecho administrativo concedido a Southern Perú. Los pobladores cuestionan a Southern Perú apelando a su presunto pasado oscuro con cuestionamientos a cuestas.

Muchos de los férreos opositores del proyecto, entre ellos autoridades locales, políticos y activistas ambientalistas, han venido afirmando sesgada e injustificadamente que Southern Perú no cuenta con Licencia Social, cuando saben con certeza y claridad que la mentada Licencia Social no es una figura consagrada en ley minera alguna. Como se añadió más atrás, uno de los aspectos que entendemos genera razonable preocupación de entre los pobladores de la provincia de Islay, es el hecho de que a lo largo de sus casi 60 años de operación ininterrumpida Southern Perú a enfrentado en algunos pasajes de vida operativa ciertos cuestionamientos ambientales en las regiones de Tacna y Moquegua donde se ubican sus yacimientos mineros de Toquepala, Cuajone y en la planta de beneficio de Ilo. Siguiendo el mismo orden de ideas, como sustento de la crítica al proyecto Tía María, y la oposición general en contra de la minera, se alega que esta presuntamente habría contaminado distintos lagos, bahías y la calidad del aire en los departamentos donde operaba.

En la misma línea, se afirma que la empresa suele ser usualmente multada por parte de OEFA, lo cual genera dudas sobre las prácticas socio-ambientales de la empresa. No obstante, y como ya lo expresamos y enfatizamos más atrás, es necesario expresar que en los últimos años las prácticas socio-ambientales de la minera Southern Perú se han venido adecuando a los más altos estándares de calidad, con métodos modernos de explotación, logrando evolucionar de manera muy positiva, mostrando avances alentadores en remediación ambiental y en el fomento de la protección de los ecosistemas que en el pasado podría haber dañado presuntamente.

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De igual forma, es conveniente subrayar que en el pasado no todas las prácticas que en la actualidad son consideradas infracciones administrativas y/o delitos, lo eran necesariamente. Menos aun, si tomamos en cuenta que los procesos mineros no eran del todo tecnificados, modernos y limpios como lo son hoy en día. Naturalmente, en esta disputa cada parte mantiene una posición e intereses particulares y buscan intentar inclinar la balanza con argumentos que pueden considerarse razonables, éticos, políticos o no. Por este motivo, si nos guiamos por las secuencias propias del curso normal de un procedimiento administrativo de licencia de construcción, donde se recurre a instrumentos claros y objetivos, no tendríamos objeción al respecto del otorgamiento de permisos de construcción para Southern Perú, al ser válida y legítima. Pero, si recurrimos a una visión política y valorativa donde se recurre a la licencia social(inexistente en el ordenamiento jurídico minero) frecuentemente invocada por quienes se oponen a los proyectos mineros, es allí donde encontramos problemas pues sería inviable.

Por supuesto, si en la evaluación de la viabilidad de un proyecto minero se le brinda una importancia inusitada al aspecto político, siempre se encontrarán objeciones a procesos eminentemente técnicos, afectando el marco legal minero y el estado de derecho. El hecho concreto, es que en este intrincado problema de Tía María, tenemos más de 10 años y aun no se logra vislumbrar un horizonte auspicioso, ya que algunas voces piden la salida de la minera del área del proyecto y otras más radicales, la anulación de la licencia de construcción del mismo. En un escenario así, es difícil lidiar con aspectos subjetivos cuando se trata de la obtención de licencias de construcción para ejecutar proyectos mineros sin base razonable, más allá de cualquier duda. Con esto no queremos decir, que no sea fundamental un acercamiento entre la empresa minera, que ejecutará determinado proyecto minero, y la población afecta al proyecto, pues se requiere una relación estable y armoniosa.

En este punto, lo que corresponde es preguntarnos si la posición de la población opositora al proyecto, que entendemos no es mayoritaria y no por ello menos importante, es razonable y amparable a tal extremo de paralizar el proyecto y expulsar a la minera Southern Perú del lugar de ubicación del proyecto Tía María? Pues esta interrogante es muy importante y la respondemos seguidamente. Es así, que luego de haber podido compartir y confrontar las posiciones de ambas partes del conflicto, corresponde determinar si desde una base objetiva y legítima son razonables los cuestionamientos para determinar si el proyecto Tía María es viable y legalmente amparable o no. Desde la perspectiva de los pobladores de Islay, el proyecto Tía María es inviable, ya que se cierne sobre una zona agrícola en la que se utilizaría su recurso hídrico contaminando el mar y los valles de la zona.

Al mismo tiempo, los pobladores afirman que producto de las perforaciones y voladuras en el tajo abierto a implementar en el yacimiento Tía María, se contaminaría el ambiento con los polvos y humos emanados de la planta de beneficio. Por el contrario, Southern Perú contradice esta posición que considera infundada, toda vez que reafirma en su compromiso de utilizar procesos limpios y novedosos de lixiviación y oxidación que restringirán al máximo cualquier opción de contaminación. Además, Southern Perú, sostiene que las acciones de perforación y voladura serán controlados y no se esparcirán por el Valle del Tambo ni Cocachacra. A su vez, el transporte del mineral se hará respetando las condiciones más exigentes de calidad ambiental, cuidando de no generar contaminación. Incluso, en el EIA de Southern Perú, se contempla la construcción de una planta desalinizadora que convertiría el agua de mar en agua dulce para la operación minera y el resto sería devuelta al mar a través de ductos especiales. Siendo esto así, tal y como se puede apreciar, la posición de los pobladores de Islay no resulta del todo comprensible, razonable o válida.

Más aun, cuando Southern Perú, no sólo ha adecuado su EIA a los más exigentes y altos estándares de calidad ambiental, sino que se ha comprometido a preservar el recurso hídrico y realizar toda mejora en esa línea. Bajo ese objetivo, Southern Perú ha introducido correcciones, optimizado procesos e incrementado la inversión en el proyecto para hacer tangible una operación armoniosa y sin contratiempos. Realmente, y atendiendo a los aspectos señalados, hasta cierto punto podemos percibir los temores de la población de Islay; Esto último, si evaluamos en retrospectiva algunos errores de Southern Perú del pasado. Pero, en base a ello, no podemos negarle la opción a una empresa minera socialmente responsable, que ha evolucionado favorablemente en el tiempo y con experiencia en operación minera, el ejecutar un proyecto de gran envergadura necesaria para el Perú; El mismo que generará infraestructura básica, puestos de trabajo, desarrollo productivo, bienestar y calidad de vida digna en la provincia y hacia todo el país.

No podemos basar la negación de un proyecto a antecedentes del pasado, aspectos políticos, ideológicos u otros intereses subalterno, sino en posiciones objetivas y enmarcadas en la ley. Más aún, si con sus acciones va transmitiendo confianza, despejando dudas y asentando una visión de su actividad minera con integridad. Desde luego, para reforzar el apoyo de la operación, no sólo basta buenas intenciones sino hechos concretos. Es así, que para fijar acciones claras, y disminuir la preocupación de la población con relación a la fertilidad de sus tierras y el potencial acuífero, Southern Perú podría comprometerse a construir la planta desalinizadora de manera previa a la ejecución del proyecto. A su vez, y con capital privado y el estado, tal vez en obra por impuesto, sería importante que se proceda a llevar adelante una represa para asegurar grandes caudales y reservas de agua para el área. Sería importante, dada la tensa coyuntura política, considerando un escenario que sigue recrudeciendo no sólo en Arequipa, sino en distintas zonas del país donde se encuentran presentes estos conflictos, contemplar en un futuro conceder participación a los pobladores de la zonas afectas a los proyectos mineros poder participar en los proyectos como accionistas limitados a sus derechos comunitarios y de propiedad sobre el área superficial; Esto último sin intervenir en la gestión del negocio.

Algunas voces, proponen que se les conceda a los pobladores afectos a los proyectos mineros la propiedad del subsuelo como EEUU, para así negociar con más agilidad en condiciones más ventajosas con la empresa minera interesada en explotar sus proyectos. Incluso, saltan a la vista propuestas audaces como la del notable y prestigioso Economista peruano Hernando de Soto, que propone que se capitalizar al pequeño minero legalizando su legítimo derecho de propiedad sobre la superficie para conectarlo con la globalización. Según fuentes del diario Expreso, la propuesta de Hernando de Soto, “no consiste en entregar el subsuelo a los que conducen legítimamente la superficie, sino “securitizar” sus derechos para que su activo pueda generar capital en las bolsas y mercados financieros globales, para que de este modo puedan ellos entonces relacionarse con el mundo global de una manera rentable y sin violencia”.

“La securitización, como lo afirma de Soto, puede consolidar legal y efectivamente el legítimo derecho de propiedad de quienes se hallan en la superficie, y desbloquear así los US$/.150 billones de dólares de reservas bajo la tierra no sólo en Perú, sino en todo el planeta”. Evidentemente, y de manera complementaria a las medidas de conservación legal y a los compromisos socio-ambientales con arreglo a ley, podría ser interesante y resaltante que Southern Perú comprometa otras concesiones hacia el proyecto para hacerlo aun más atractivo para los pobladores, como ya lo realizó en otros casos, por ejemplo: a través de la constitución de fideicomisos en garantía para cubrir cualquier impacto nocivo y no previsto en el desarrollo de la operación, habilitar cartas fianzas que respalden eventuales daños ambientales y para cautelar la vida, el cuerpo y la salud de los pobladores afectos al proyecto minero. Incluso, se podrían habilitar fondos de cobertura de contingencias para atender coyunturas de crisis o de catástrofes sociales en la zona, entre otras medidas a consensuar con el gobierno peruano y la población afecta al proyecto.

Desde luego, si desde el primer momento en el que la empresa minera mostrara interés en realizar operación minera en las zonas de conflicto aledañas a los proyectos mineros, el estado tuviera una participación muy importante y visible, no habría la sensación de desconfianza y de abandono por parte de las poblaciones afectas a estas operaciones mineras. La relación tirante o conflictiva que puede presentarse entre las comunidades aledañas a los proyectos mineros y los empresarios del sector minero, no es siempre por responsabilidad de la gestión del proyecto por parte de la compañía minera, sino por factores más complejos, entre ellos por la ausencia del estado, por el estallido de otros conflictos sociales no resueltos previamente que coexisten, la presencia de conflictos políticos, por la falta de información sobre los proyectos mineros, así como por la presencia de grupos con intereses subalternos que suelen oponerse a proyectos mineros sin sustento aparente y de manera irracional.

A la fecha, vemos con profundo pesar que en la zona sur de nuestro país, eminentemente minera, se encuentra seriamente golpeada y acechada por las protestas mineras. En Moquegua y Arequipa persiste un paro indefinido general. Ya no se trata sólo de cuestionar u oponerse a Tía María, sino que cierto sector de manifestantes enardecidos y violentos vienen fomentando la paralización, el caos y el desorden atacando otras inversiones mineras como Quellaveco, Cuajone, Toquepala, entre otras tal como sucedió con Beer Creek en Puno el año 2011. Cabe recordar, que en años anteriores, se registraron fuertes protestas y oposición a proyectos mineros como La Zanja, Shauhindo, Michiquillay, La Cima, Río Blanco, entre otros donde la inversión se ha visto afectada significativamente en perjuicio del país. Es vergonzoso y preocupante, ver como autoridades regionales, locales y distritales, en vez de poner los paños fríos y actuar con sensatez, contraviniendo el mandato constitucional de representar con integridad, legalidad y responsabilidad a sus pobladores de la zona sur del Perú, alientan, favorecen y azuzan a los mismos para cometer actos vandálicos con el fin de generar más convulsión, desorden y anarquía en nuestra nación, poniéndose del lado contrario a los intereses de la nación.

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Al final, en medio de este enfrentamiento ideológico, político y subalterno sin tregua, los más afectados son los micro y pequeños empresarios, las empresas medianas y grandes legalmente constituidas, así como las poblaciones más vulnerables sin servicios básicos, bienestar ni infraestructura para vivir dignamente por el arrebato irracional y demencial de opositores férreos a los proyectos mineros. Ante los graves hechos delictivos, anarquía y desgobierno que azotan a nuestra patria, resulta difícil pensar que todas estas paralizaciones en la zona sur del Perú, en especial en Islay (así como en Moquegua y otros departamentos del sur peruano) tengan sólo motivaciones nobles de orden ético, ecológico, ambiental o por resguardo de actividades como la agricultura o la ganadería en la zona; Toda vez, que no se trata de marchas o protestas pacíficas, armoniosas, ordenadas, con gente serena, con rostros descubiertos y por los cauces legales y constitucionales correspondientes; Por el contrario, se puede apreciar gente determinada a sabotear, intimidar a la población, afectar la propiedad privada, dañar la propiedad pública, impedir el normal desarrollo de las actividades económicas, políticas y sociales de la zona.

Desde luego, perturba imaginar que estas personas no piensen en las graves consecuencias a la vida, el cuerpo y la salud, además de los serios efectos económicos y sociales, que suele producir estos actos vandálicos promovidos por grupos anti-mineros y con intereses subalternos. Dada la coyuntura actual, no podemos hablar del conflicto minero Tía maría sin detenernos a comentar la participación del estado peruano como receptor de la inversión, emisor de las licencias de construcción y operación minera y garante del estado de derecho; El mismo, que lastimosamente no cuenta con una política general clara y efectiva frente a los conflictos sociales. Que, en este conflicto no ha tenido un papel eficiente y efectivo, a pesar de sus esfuerzos de gestión. Penosamente, la inacción de los gobiernos y el avance de grupos radicales fanáticos ha golpeado la institucionalidad del mismo estado, ha mermado el principio de autoridad y he generado una sensación de impunidad generalizada que genera un efecto pernicioso al desarrollo del país, la inversión minera y nuestra democracia. Sólo hace unos días, el estado peruano, ante el acecho de manifestantes enajenados y radicales y la presión asfixiante y anti-democrática de los presidentes regionales de la zona sur, ha dado marcha atrás en su labor de ejecutor de sus decisiones, suspendiendo por 120 días el proyecto minero encareciendo la inversión.

Por ello, es indispensable, hoy en día, construir una política que integre la búsqueda del crecimiento socio-económico que requiere el país, que asegure el cumplimiento de la ley y que a la par, promueva los más exigentes estándares técnico-ambientales para la mejora de las condiciones de desarrollo de la población. Desafortunadamente, a pesar de que el gobierno de Perú cuenta con oficinas que se encargan de ver el tema de la conflictividad ambiental, tales como el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas y Presidencia del Consejo de Ministros, no demuestra signos de coordinación entre ellas desde una etapa temprana del conflicto. Resulta inquietante, que el estado peruano le cuesta mucho organizar sus distintas dependencias y articularlas en torno a una gestión eficiente y óptima de los conflictos sociales para conjurarlos tempranamente. Hoy en día, el camino para una gestión eficiente de los conflictos sociales es ciertamente difícil, ya que el estado hoy en día viene teniendo una presencia insuficiente y en muchos casos ausente, sobre todo en las regiones donde se lleva adelante la actividad minero-extractiva.

En los último años, hemos visto que el estado suele llegar abordar los conflictos cuando ya brotaron o llegaron a su escalada más álgida de violencia. En este sentido, y en la línea de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, resulta difícil pensar que el estado peruano esté en capacidad de adelantarse a los problemas y afimar que en cierta zona va a ver una actividad minera dentro de algunos años y que se tenga que tratar de definir cuál va a ser su política de desarrollo socio-económico, de inversión social y bienestar del área. La realidad nos muestra, que hoy en día la politíca social se encuentra por un lado y la política ambiental se canaliza por otro, no teniendo puntos en coincidencia. Según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Perú cuenta con una  cartera de 47 proyectos mineros a ejecutar en el mediano plazo por un valor aproximado de US$ 46,996 millones. Aún así, los conflictos sociales han paralizado y siguen frenando grandes proyectos mineros, los mismos que sumarían una inversión de US$ 8,700 millones y que debido a este clima de inestabilidad y falta de gobernabilidad se encuentran en grave riesgo de no ser ejecutados.

Por último, y luego de haber expuesto los alcances, posiciones de las partes, antecedentes y demás aspectos relevantes del conflicto en Tía María, queremos expresar nuestra gran preocupación con relación a este problema, porque lejos de encontrar el conflicto un rumbo favorable para la solución de esta controversia, parece empeorar y tornarse irreconciliable. Es sorprendente la oposición obstinada y cerrada a una opción de inversión productiva que podría abrir la puerta a un gran caudal de desarrollo e inversión social para el país y Arequipa. Llama la atención, que cada vez que la empresa minera intentó retomar el proyecto en un procedimiento administrativo que parece ser interminable, siempre la oposición férrea y ácida de un sector de la población de Islay precipitó el aplazamiento indefinido del proyecto.

Es importante resaltar, que como demócratas no nos podemos oponer a un diálogo constructivo que nos permita concertar y construir un entendimiento que asegure encontrar puntos en coincidencia. Pero, cuando en una negociación el aspecto subjetivo, las emociones y las posiciones políticas llegan a anteponerse, se destruye la comprensión y las concesiones mutuas. Toda negociación, implica concesiones recíprocas de las partes. Del mismo modo, toda protesta y malestar de la población debe de realizarse enmarcada en el ordenamiento jurídico, con sensatez, razonabilidad y racionalidad, fijando los puntos concretos que sustentan un reclamo. Lo que no podemos permitir es el desgobierno y la anarquía que tanto daño le hacen al país al crear un clima hostil a la inversión. Lastimosamente, a lo largo de todo el conflicto esa posición prudente y coherente que debe imperar en una relación entre partes en conflicto no se ha visto con claridad entre quienes se oponen al proyecto Tía María.

Con ello no queremos minimizar las preocupaciones y temores válidos y fundados de la población de Islay, que en circunstancias normales podrían superarse con un diálogo claro, directo, con voluntad de las partes y concesiones económicas por parte de la minera, bajo el soporte del estado como garante de la inversión. Toda diferencia se puede superar cuando hay consenso entre las partes, tolerancia y serenidad para vencer los problemas. Pero, en los último años, hemos podido atestiguar como un sector de Islay se ha venido oponiendo al proyecto, teniendo como sustento razones éticas y valorativas sin criterios objetivos ni concretos. Esto lo hemos visto desde el mes de Julio del presente año hasta la fecha, donde las protestas recrudecieron dramáticamente. Vemos que en los últimos años a pesar de temores fundados y válidos, hemos podido advertir una oposición férrea, irracional y hasta exagerada a la inversión minera propuesta, lo cual es muy perturbador.

Para concluir nos gustaría hacer una reflexión con referencia a la gran interrogante planteada a lo largo de todo el texto que fue si la posición de la población opositora al proyecto en honor a lo expuesto es razonable y amparable a tal extremo de paralizar el proyecto y expulsar a la minera Southern Perú del lugar de ubicación del proyecto Tía María? Lo que nos lleva a afirmar, atendiendo a lo desarrollado en el presente artículo, que la posición sostenida no es razonable, objetiva ni justificada. Al mismo tiempo, otra interrogante salta a la vista, que es si esta oposición cerrada al proyecto es sesgada e injustificada o no? Ante lo cual no nos queda más que decir que sí. En buena cuenta, si habría habido voluntad de resolver el conflicto dentro de lo razonable, ya se habría superado el entrampamiento y estaría en operación. Que duda cabe, ante los hechos expuestos, que la voluntad de Southern Perú siempre fue llevar adelante el proyecto Tía María dentro del marco legal, con consenso, sin violentar derechos ni abusivamente, respetando los derechos al desarrollo de los pobladores afectos al proyecto y prometiendo llevar desarrollo a Arequipa y al Perú. Es por este motivo, que Southern Perú en los últimos años se involucró mucho en la difusión del proyecto, en financiar programas sociales y procurar el bienestar de Islay y sus distritos. Con esto, podemos decir que sí se tomó al hombro su “Compromiso Social” para mantener una relación idónea y permanente entre la población y la empresa. Sin embargo, el problema ante el que nos enfrentamos, y que persiste, es serio, porque formal y legalmente no existiría razón suficiente ni criterio técnico para no reconocer el derecho administrativo concedido a Southern Perú. Lástima, que en pleno siglo XXI estemos hoy en día ante un verdadero diálogo de sordos incivilizado que tarde o temprano el país lamentará, al cerrarle el paso a inversión minera seria, productiva, formal y deseosa de dejarnos un legado de prosperidad, desarrollo productivo y bienestar social.

 

Bibliografía:

1).- Sociedad Peruana de Derecho Ambiental(2015). Diez puntos que debes de revisar para entender el conflicto por el Proyecto Tía María.

https://www.actualidadambiental.pe/tia-maria-todo-lo-que-debes-saber-para-entender-el-conflicto/

2).- Presidencia del Consejo de Ministros Perú(2015). Lampadia. Proyecto Minero Tía María: Diálogo e Información. Absolviendo preguntas despejando dudas y eliminando temores.

https://www.lampadia.com/assets/uploads_documentos/db0ff-folleto-tia-maria-0515.pdf

3).- Proyecto Minero Tía María(2015). Tía María.pe.Conociendo el Proyecto Tía María.

http://www.southernperu.com/ESP/opinte/TiaMaria/index.html

4).- Carlos Bedoya y Víctor Torres Lozada. Comunicación Intercultural para un mundo más humano y diverso – Servindi(2010 )Tía María: Minería y conflicto por el agua.

https://www.servindi.org/actualidad/32488

5).- El Montonero(2018). Economía. Tecnologías limpias y amigables en inversión minera. Lixiviación sin contaminación en Tía María.

https://elmontonero.pe/economia/lixiviacion-sin-contaminacion-en-tia-maria

6).- CooperAcción, Fedepaz y Grufides(2018) 22° Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2018. Primera Edición.

http://conflictosmineros.org.pe/wp-content/uploads/2018/07/Revista-Informe-de-Conflictos-Mineros-VII.pdf

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