Catastro urbano otorgará certeza y seguridad a las propiedades

Yuri Vega Mere

La aprobación del reglamento del Decreto Legislativo Nº 1365, que establece disposiciones para el desarrollo y consolidación del catastro urbano nacional, permitirá contar con una autoridad principal que actualice, centralice y sistematice la información vinculada con los predios e inmuebles del país, afirmó el especialista en Derecho inmobiliario Yuri Vega Mere.

Este trabajo, refirió, estará a cargo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), que se constituirá en el gran ente articulador e integrador de toda la información catastral que generen los gobiernos locales y regionales para impulsar el desarrollo urbano en el territorio patrio. A la par, se les dará certeza y seguridad a las propiedades, aseveró.

Desarrollo

En diálogo con el Diario Oficial El Peruano, el hombre de leyes del Estudio Muñiz recordó que el país comenzó a registrar un mayor desarrollo urbano en los últimos 60 o 70 años, pero el catastro era muy deficitario.

“Crecimos de manera inorgánica sin contar con un verdadero catastro o un catastro elaborado con el uso de herramientas tecnológicas. Otros países desarrollaron primero el catastro y después formalizaron las propiedades. La gran mayoría de centros poblados nuevos y muchas ciudades en el país se desbordaron sin que existiera un catastro”, agregó.

Después, refirió, desde los años de la reforma agraria en adelante se comenzaron a crear catastros de manera independiente y no necesariamente en forma ordenada. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tenía uno; y el Cofopri, otro sobre las propiedades no formalizadas, rememoró el experto.

Además, explicó, Registros Públicos migró hace décadas al uso de una tecnología mucho más avanzada para tecnificar su catastro y después la Ley de Catastro lo que hizo fue encargar la generación de esta información a los gobiernos locales.

“Pero, lamentablemente, hoy son pocos, incluso en la capital de la República, los municipios que cuentan con un buen catastro porque supone una inversión muy importante que asumo que la gran mayoría de gobiernos locales no sabe cómo financiar la elaboración de un verdadero catastro, organizarlo y estructurarlo de una manera sana, transparente y eficiente. Es complejo”.

Labor

Vega manifestó que antes de la aprobación del Decreto Legislativo Nº 1365 se había encargado a los gobiernos locales generar el catastro, no a Registros Públicos, entonces se originó una situación “que necesitábamos conciliar, pero que no sabíamos cómo”. Además, se generaba una “tensión con la información registral porque a veces son distintas e, incluso, con tres datos: el físico, el municipal y registral”, anotó.

El experto aseveró que frente a esta situación faltaba un ente que fuera el centralizador y el unificador, así como el integrador, de un catastro nacional “porque los gobiernos locales no necesariamente cuentan con una información que comparten con el resto o entre ellos”.

“Entonces, se reclamaba a gritos, con urgencia, que existiera una autoridad central. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento asumió su papel y le dio una nueva partida de nacimiento al Cofopri porque le encargó una labor muy importante: ser ese ente que actualice, centralice y sistematice el catastro nacional”.

Vega aclaró que no es que los municipios dejarán de ser los generadores de la información. “El reglamento lo que hace es regular esta relación entre esta entidad, el Cofopri, como el ente que estará a cargo de todo el catastro nacional, y las instancias subnacionales”, detalló.

“Por lo tanto, con el Decreto Legislativo Nº 1365, y ahora con su reglamento, se sabe que habrá una autoridad central que no les dará órdenes o les dirá lo que tienen que hacer a los gobiernos locales, que son autónomos, sino que les pedirá que integren toda la información catastral precisamente a Cofopri, mediante este sistema de catastro de los centros poblados”, precisó.

A la par, dijo, el Ministerio de Vivienda se irá dando cuenta, por intermedio del Cofopri, de cuáles son los municipios que no cuentan con su catastro ni ningún tipo de planeamiento, previsión o proyecto sobre el tema para apoyarlos, incentivarlos y darles las herramientas correspondientes.

“No podemos dejar de contar con un catastro a escala nacional. Es un problema que se debe resolver para darle certeza y seguridad a las propiedades, lo que tendrá un efecto beneficioso para el Estado y los particulares. Todos van a salir ganado”, puntualizó.

Convenios institucionales

Yuri Vega aconsejó a los gobiernos regionales y locales estructurar sus planes para elaborar sus catastros, y si no tienen idea de cómo hacerlo, recurrir a las instancias subnacionales que ya cuentan con uno para pedirles asistencia. La norma, precisó, permite también al Cofopri firmar convenios institucionales. “Entonces, nada impediría que este organismo promueva acuerdos entre municipalidades que ya tienen experiencia y cuentan con un buen catastro para que trabajen con las que no lo tienen o para que se articulen estas labores con los gobiernos regionales”. “Hay un trabajo gigantesco por delante. La norma dice que se van a integrar las unidades catastrales de la propiedad formal e informal, entonces esto va más allá de las propiedades inscritas en Registros Públicos, es algo mucho más ambicioso”, afirmó. El especialista en Derecho inmobiliario manifestó que con un catastro moderno, bueno y completo se facilitará la inscripción de las propiedades que en este momento se encuentran en un estado de informalidad. “Tiene un efecto beneficioso tremendo que ojalá lo puedan entender las autoridades”, recalcó.

Fuente: El Peruano

Written by Miguel Ampudia Belling

Abogado por la UNMSM. Maestrando en Gerencia Pública por la Escuela de Posgrado - Universidad Continental. Miembro fundador del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Director de Peruweek.pe.
(Contacto: +51 980326610 | peruweek@peruweek.pe)

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  1. Técnicamente se conoce al CATASTRO URBANO como inventario de bienes en la urbe. ¿Qué seguridad y certeza ofrece?…. ¿Acaso se pretende reemplazar algunas funciones del Poder Judicial?

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