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Tribunal emite decisión favorable en arbitraje del Estado peruano con empresa española Lidercón en el CIADI

En relación al internacional iniciado por la empresa S.L. en contra de la República del (Caso No. ARB/17/9), la Comisión Especial que representa al Estado en Controversias Internacionales de Inversión (“Comisión Especial”) informa lo siguiente:

– La empresa española Lidercón S.L. inició un proceso arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (“CIADI”) en contra de la República del Perú en abril de 2017.

– El referido arbitraje fue iniciado al amparo de lo dispuesto en el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República del Perú y el Reino de España suscrito en 1994 (“Tratado”), en relación con el Contrato de Concesión de la Ejecución de la Infraestructura de las Plantas de las Revisiones Técnicas y la Explotación del Servicio de Revisiones Técnicas Vehiculares para Lima Metropolitana celebrado entre una empresa subsidiaria de Lidercón S.L. denominada Lidercón Perú S.A.C. y la Municipalidad Metropolitana de Lima.

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– El 06 de marzo de 2020, el Gobierno peruano fue notificado por el CIADI con el Laudo emitido en el referido arbitraje internacional. El Tribunal Arbitral decide de manera definitiva, entre otros aspectos, que:

· Rechaza las reclamaciones de la demandante en su totalidad, en ausencia de prueba de incumplimiento del Tratado.

· Ordena a Lidercón S.L. que pague a la República del Perú el monto de USD 4’006,516.64 en conceptos de costos.

– La empresa española alegó que el Estado peruano violó las garantías otorgadas por el Tratado y reclamó daños por casi USD 123 millones, pero el Tribunal rechazó por completo todas las alegaciones presentadas. En consecuencia, el Estado peruano no tiene obligación de pagar la indemnización reclamada por Lidercón.

El Perú tiene una sólida trayectoria en su defensa frente a los reclamos de inversionistas , después de haber obtenido con éxito fallos a favor que desestimaron reclamos por más de US$ 50 mil millones en casi una veintena de casos presentados por inversionistas en virtud de Tratados de Inversión.

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Estos resultados confirman el compromiso del Gobierno con el estado de Derecho y la regulación de buena fe para el interés público, lo que a su vez ayuda al Perú a atraer inversiones extranjeras. El Perú es reconocido internacionalmente por ser un país que tiene sólidos fundamentos macroeconómicos, y un marco propicio para el fomento y respeto de la inversión privada nacional y extranjera.

El Estado peruano estuvo representado en este caso por los Estudios Jurídicos Internacionales Stanimir A. Alexandrov PLLC y Sidley Austin LLP así como por el Estudio Navarro y Pazos Abogados SAC.

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