Funcionarios de Sunarp habrían participado en apropiación ilícita de terrenos en Perú

Funcionarios de Sunarp habrían participado en apropiación ilícita de terrenos en Perú

Rodolfo Orellana lideraba una organización criminal para apropiarse de inmuebles y apelando a una serie de argucias legales. En menor escala, esta modalidad se identificó en Puno con el destino que tuvieron casi 69 hectáreas, ubicadas en la zona oeste de la ciudad de Puno. Ahora esas tierras-que también reclaman otras familias- pertenecen misteriosamente a Francisco Bonifacio Meneses Díaz y su esposa Bessy Salgado de Meneses. El cuestionado saneamiento se hizo en complicidad con algunos funcionarios de la Dirección de y Catastro Rural (DTCR) de Puno, antes Dirección de Formalización y Catastro Rural (DIRFO). Este organismo depende de la Dirección Regional de Agricultura de Puno (Drap).

Percy Julio Aramayo Aza, calificador de esta institución, aparece como uno de los principales implicados. Su misión en la DTCR es dar el visto bueno a un trámite de formalización. Sin , Aramayo no solo cumple esa tarea. Por su cuenta también creó dos asociaciones para vender terrenos. Casualmente entre su oferta figuran los mismos predios que formalizó a favor de la pareja Meneses-Salgado. En el papel Aramayo y Meneses son socios y ambos reconocen sin rubor ese vínculo. Aramayo es juez y parte.

El actual director de DTCR, Rubén Gregorio Apaza Cruz, precisa que por las evidencias se trata de una organización de trabajadores que actúa vulnerando sus funciones.

El hilo de la madeja

Los terrenos en discusión tienen el nombre de Chacarilla. Se ubican en Ventilla zona oeste de la ciudad lacustre. Años atrás estas tierras estaban abandonadas. Su suerte cambió desde que se diseñó el nuevo trazo de la carretera Interoceánica por ahí. Desde ese entonces aparecieron supuestos propietarios y quienes alegan posesión. Francisco Bonifacio Meneses Díaz y su esposa forman parte de esa disputa con otros supuestos propietarios.

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Los Meneses apelaron a la prescripción adquisitiva de dominio para hacerse de la propiedad. Esta figura legal permite que una persona sea reconocida como dueña por la posesión constante del predio. Sin embargo, todo indica que para Meneses no le correspondería este beneficio. Meneses Díaz, presentó 18 solicitudes de saneamiento del terreno a la Dirección de Titulación y Catastro Rural (DTCR) el 22 de agosto de 2016, cuando la entidad era dirigida por Hitler Lozano Gamarra.

Un trámite de esta característica demora un año como mínimo. Son varios pasos: diagnóstico físico legal, levantamiento topográfico, entre otros procedimientos en una ficha catastral. A Meneses, esa ficha le firmaron el mismo día que presentó su solicitud (ver publicación).

El documento tiene la firma de Erick Aldo Mayta Quisca, como responsable del trabajo de campo y Elmer Quispe Cahui, supervisor. Durante la pandemia, Erick Mayta, falleció por Covid. Mientras que Elmer Quispe, terminó siendo candidato al congreso por Acción Popular. Por norma, su labor era supervisar y participar en el lugar de los hechos el trabajo realizado por Erick Mayta. Sin embargo, aseguró a La República, que solo se limitó a dar fe de la documentación que llegó a su manos. Hizo trabajo de gabinete y no verificó si realmente Meneses estaba en posesión de esos predios.

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El hombre clave

El proceso de formalización continuó con la asignación a cada solicitud de un y su respectivo código catastral de seis dígitos. Este código es como el DNI de una persona. Permite identificar un terreno rural con sus respectivas áreas dentro del Sistema Catastral para Predios Rurales (SICAR), que pertenece al Ministerio de Agricultura. Los códigos catastrales son únicos. Sin embargo, en el caso de Meneses fueron clonados de otros propietarios de terrenos en la provincia de Lampa, que sanearon su predio en 2015.

Finalmente, el expediente fue remitido a Aramayo Aza, quien entonces hacía el papel de calificador de la Dirección de Titulación. Este estaba obligado a evaluar y calificar todo el procedimiento. Se limitó a firmar a favor de su socio Meneses y además registró la inscripción de las tierras en Sunarp-Puno. En mayo de 2017, le remitió el oficio N°924-2017-GR-Puno-/DRA/DTRC/HLG/D, a Roberto Luna Chambi, registrador de la Sunarp en Puno. En el documento se pide la anotación preventiva de varios predios de Ventilla, entre los cuales estaban las solicitudes de Meneses.

La carta lleva el nombre del exdirector de la Dirección de Titulación y Catastro Rural, Hitler Lozano Gamarra. Sin embargo, en la rúbrica está marcada una “x” y una firma que no se asemeja a la de Hitler Lozano. Percy Aramayo Aza, admitió a La República que fue él quien firmó el documento porque Lozano le encargó la dirección temporalmente. Pese a no ser la firma del titular de pliego y tener una enmendadura, en la Sunarp le dieron trámite. No se podría decir si Hitler Lozano no sabía nada. Él firmó las resoluciones administrativas de propietario a favor de Meneses y su esposa y ordenó la inscripción definitiva. Este medio le preguntó a Percy Julio Aramayo Aza por qué firmó los documentos pese a que estaban al margen de la ley. Alegó que actuó de buena fe.

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Dos años después, las resoluciones directorales N° 575, 660, y 474 de , emitidas por la Dirección de Agricultura, determinaron que las inscripciones a favor de Meneses se hicieron sin cumplir los procedimientos de ley. Se obvió el diagnóstico físico legal.

Sunarp reconoce a Meneses como propietario

La Dirección de Agricultura de Puno ha solicitado a la Sunarp la nulidad de la inscripción que se ordenó a favor de Francisco Meneses. Registros Públicos, se niega acceder al pedido porque alega que no se corrió traslado a la otra parte. Meneses, en la Sunarp, es el único que puede transferir los terrenos. Curiosamente, Percy Aramayo, en 2020 creó dos asociaciones con el nombre de los terrenos de Francisco Meneses, dedicadas a la venta de terrenos. La primera se llama Mirador Chacarilla Puno y Mirador Chacarilla II. Tiene como socios a Juan Carlos Vélez Céspedes, y Dionicio Velásquez Pineda.

Percy Aramayo Aza, ante la abundancia de evidencias, no le quedó otra que admitir a La República que las asociaciones se crearon para vender los terrenos de Ventilla.

Fuente: La Republica

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