Para mejorar la eficiencia en el control y la lucha contra la corrupción, la Contraloría General de la República presentó al Parlamento un conjunto de tres nuevos proyectos de ley.
El primero propone determinar la no exigibilidad de la conciliación extrajudicial en los procesos civiles ejercidos por la Contraloría, dentro de las acciones legales indemnizatorias que se disponen en contra de los funcionarios públicos y otros responsables del perjuicio económico ocasionado en entidades públicas.
El segundo solicita facultades para disponer la inmovilidad y custodía temporal de la información y documentación de las entidades, en razón del riesgo sobre la integridad de la documentación existente.
El tercero es ampliar la figura del nepotismo previsto en la Ley Nº 26771, toda vez que existe un vacío normativo no sujeto a control, en aquellos casos en que se contraten los servicios profesionales de los parientes de los funcionarios con capacidad de nombramiento, bajo la modalidad de órdenes de servicio, contratos de consultoría, entre otros.
El Peruano
