CIDH: sentencia contra Christopher Acosta genera un efecto intimidatorio y de autocensura

Plata como cancha

La Relator铆a Especial para la Libertad de Expresi贸n de la聽Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos聽(CIDH) manifest贸 su preocupaci贸n por la sentencia condenatoria a dos a帽os de prisi贸n suspendida y al pago de una reparaci贸n civil de 400 mil soles contra el periodista聽Christopher Acosta聽y el director editorial聽Jer贸nimo Pimentel聽en Per煤.

En su opini贸n, esta decisi贸n es contraria a los est谩ndares regionales en materia de libertad de expresi贸n, y genera un聽鈥渘otable efecto intimidatorio y de autocensura鈥聽que afecta no solo a las personas condenadas sino a toda la prensa y la sociedad peruana.

Tanto la聽Comisi贸n como la Corte Interamericana聽han sostenido que la aplicaci贸n de normas penales para limitar discursos sobre asuntos de inter茅s p煤blico es incompatible con la聽Convenci贸n Americana de Derechos Humanos.

Este umbral diferenciado de protecci贸n se justifica, seg煤n la聽CIDH, porque dichas personas聽鈥渟e han expuesto voluntariamente a un escrutinio m谩s exigente鈥聽por parte de la sociedad y porque聽鈥渟us actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate p煤blico鈥.

Tal como ha sostenido la聽CIDH, la responsabilidad ulterior de las y los periodistas聽鈥渄ebe ser excluida (…) cuando aquellos actuaron con diligencia razonable en la b煤squeda y comprobaci贸n de la informaci贸n difundida鈥.

Sobre este punto, la聽CIDH聽ha indicado que el art铆culo 13 de la Convenci贸n Americana protege la informaci贸n sobre asuntos de inter茅s p煤blico y no genera responsabilidad civil ni penal de quien la difunda聽鈥渁 menos de que se demuestre que quien se expres贸 lo hizo con la intenci贸n de causar da帽o y conocimiento de que se estaban difundiendo informaciones falsas o con un evidente desprecio por la verdad de los hechos鈥.

Asimismo, enfatiz贸 que una sanci贸n civil desproporcionada puede ser tan o m谩s intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresi贸n que una sanci贸n penal, en tanto puede llegar a comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia o publica informaci贸n sobre un funcionario p煤blico; desalentando incluso a la ciudadan铆a en general a expresarse sobre asuntos de inter茅s p煤blico.

鈥淓n atenci贸n a las consideraciones previas, la Relator铆a recuerda que, siempre que se presente una controversia judicial que tenga como objeto limitar el ejercicio del derecho a la libertad de expresi贸n, los Estados democr谩ticos est谩n llamados a ponderar la naturaleza de las expresiones en juego y su relevancia para la democracia; el margen restringido para la aplicaci贸n del derecho penal; la condici贸n p煤blica del sujeto presuntamente afectado por tales expresiones; la diligencia razonable de la prensa en el ejercicio de su labor; y la proporcionalidad de las eventuales sanciones鈥, subray贸.

La Relator铆a hace saber que controversias como esta cuentan con聽鈥渁mplios y s贸lidos est谩ndares鈥聽en el sistema interamericano y por lo tanto exhorta al Estado de Per煤 a adecuar su ordenamiento y pr谩cticas internas a la doctrina y jurisprudencia vigentes en materia de libertad de expresi贸n.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades judiciales competentes para resolver el caso conforme a los est谩ndares internacionales en materia de derechos humanos.

Como se recuerda, el 30掳 Juzgado Penal Liquidador de la Corte de Lima conden贸 a dos a帽os de prisi贸n en suspenso al reportero聽Christopher Acosta y a Jer贸nimo Pimentel, director de la editorial Penguin Random House, por el delito de difamaci贸n agravada en perjuicio del l铆der del partido Alianza para el Progreso,聽C茅sar Acu帽a.

Fuente: Per煤 21

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