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Chile: Aprobación de Sebastián Piñera cae a un mínimo histórico

Sebastián Piñera
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Santiago de Chile [AFP]. La aprobación del presidente de Chile Sebastián Piñera volvió a caer a un mínimo histórico de 10% a casi tres meses del inicio de una crisis que ha sacudido este país, donde 62% de la población apoya la continuidad de las movilizaciones que piden justicia social, según un sondeo.

La aprobación al presidente de derecha que asumió su segundo mandato en marzo 2018, cayó tres puntos con respecto a la semana pasada, mientras que la desaprobación subió dos puntos para situarse en 82%, en la segunda encuesta del año de la consultora Plaza Pública-Cadem.

El sondeo publicado este lunes fue realizado entre el 8 y 10 de enero y reveló que tras 12 semanas del inicio de la crisis social, 62% está de acuerdo con la continuidad de las movilizaciones de calle que se siguen realizando en varias ciudades del país.

Un 36% está en desacuerdo con la persistencia de las manifestaciones.

Las protestas son menos multitudinarias que los últimos meses, pero mantienen su poder de convocatoria en pleno periodo de vacaciones durante el verano austral.

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Se realizan sobre todo los viernes y siguen registrándose incidentes violentos en Plaza Italia, epicentro de las manifestaciones en el centro de Santiago, bautizada por los manifestantes como Plaza de la Dignidad.

Según la encuesta Plaza Pública, 76% cree que la crisis que está viviendo el país es principalmente la expresión de un descontento social generalizado, y sólo el 17% piensa que es un problema de orden público y de grupos violentos organizados.

Chile atraviesa desde el 18 de octubre la crisis más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que ha dejado 29 muertos y miles de heridos, más de 300 con lesiones oculares graves.

La demanda de cambios al sistema de pensiones, educativo, sanitario y de una reforma de la Constitución heredada de la dictadura de Pinochet son la columna vertebral de un movimiento social que, sin líderes, se mantiene en pie.

Un acuerdo político alcanzado en noviembre permitirá que se realice el 26 de abril un plebiscito para decidir si se cambia o no la Constitución, percibida como la madre de las desigualdades que reclama la ciudadanía en un clima de descrédito de todas las instituciones, incluidas aquellas como la iglesia Católica y la Policía que figuraban entre las más populares hace unos 5 años.

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