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Entrevista a Jefe de SUSALUD: Se fortalecerá estrategia de fiscalización a los centros de salud

José del Carmen Sara, Jefe de SUSALUD (Foto: Correo)
José del Carmen Sara, Jefe de SUSALUD (Foto: Correo)

“Susalud fortalecerá estrategia de fiscalización a los centros de salud”

Entrevista. La protección de los derechos de la salud de todos los peruanos, es decir, de más de 32 millones de personas, con o sin seguro, sea este público o privado, está en manos de la Superintendencia Nacional de Salud – Susalud, cuyo titular José del Carmen Sara, nos detalla a continuación esta estrategia para el 2019.

–Tras cerca de ocho meses en la institución, ¿qué acciones se vienen adoptando para evitar la vulneración de estos derechos y contrarrestar esa percepción de impunidad que a veces existen sobre los servicios de salud? 

–En principio, se ha tomado la decisión de cambiar los lineamientos de política institucional con un enfoque dirigido a la gestión del riesgo. Esta nueva dirección está encaminada a la promoción, protección y restitución de los derechos en salud; la prevención permanente de la vulneración de estos derechos frente al sistema de salud; coadyuvar a la gestión del riesgo dentro de este sistema compuesto por las Instituciones Prestadoras de los Servicios de Salud (Ipress), Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) y las Unidades de Gestión de Ipress (Ugipress). Además, impulsamos espacios de articulación intersectorial y de integración de sistemas de información para la óptima protección de los derechos en salud de la población.

–¿Cómo influyen estas reglas en la atención rápida de las quejas y reclamos? 

–Por ejemplo, nos ha permitido desarrollar intervenciones en diferentes niveles como la reciente publicación del D. S. Nº 002-2019, que aprueba el reglamento para la gestión de reclamos y denuncias de los usuarios de las Ipress, como clínicas, hospitales, consultorios; las IAFAS como aseguradoras, SOAT; y, las Ugipress. La norma que entrará en vigencia en abril permitirá reducir considerablemente el plazo de atención de las denuncias de 75 a 25 días y dinamizar la intervención de la Intendencia de Protección de Derechos en Salud de Susalud (Iprot) al realizar diligencias, requerimientos de información documental, visitas de campo y demás actuaciones. Impulsa también la figura de los pedidos de intervención de oficio. No somos un Poder Judicial, somos un defensor de la salud de las personas; por tanto, nos enfocamos en una actitud más proactiva y de mayor visibilización de la autoridad de Susalud.

–En supervisión y fiscalización, ¿qué se viene? 

–Vamos a optimizar la supervisión de gabinete mediante la fiscalización electrónica, que oriente el control de campo. Así, se prevé realizar más de 11,000 intervenciones en todo el país, lo que nos permitirá pasar de una cobertura de 4% al 30% de administrados supervisados. Es un reto importante si consideramos que en el 2018, por razones de restricción de gastos, solo se ejecutaron 764 supervisiones sobre regiones con problemas en indicadores sanitarios de interés nacional y en distritos de regiones en emergencia sanitaria por bajas temperaturas. Incluso en su mayoría solo consistía en verificar si el centro se encontraba abierto o cerrado, nada más.

–¿Cuáles serán los criterios de este control? 

–Antes la prioridad eran las zonas de riesgo sanitario, ahora con el monitoreo electrónico, se amplía dicho alcance a fin de tener una cobertura mayor sobre 14 regiones del país, como son Loreto, Piura, San Martín, Arequipa, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Junín, Lima, Cajamarca, Huancavelica, Lambayeque; es decir, más cerca del usuario a escala nacional, con énfasis en la población vulnerable. Para ampliar esta presencia se han suscrito también nuevas alianzas con el Indecopi, Sunafil y Essalud; incluso se coordinan acciones con el Ministerio de Economía y la Contraloría, pues nuestra entidad también es responsable de supervisar el uso de los recursos destinados a la provisión de estos servicios, es decir, la calidad del gasto. Eso ya lo estamos mapeando.

–¿La lucha contra la informalidad en el sector también será un eje de intervención? 

–Claro, ahora mismo está en marcha la campaña de Tolerancia Cero contra la Informalidad en los Servicios de Salud, con lo que se ha dispuesto el cierre temporal de 10 establecimientos de salud en los distritos de San Martín de Porres, Los Olivos, Cercado de Lima y San Juan de Miraflores, por no brindar las garantías de atención a los usuarios de estos servicios.

–¿Esto es en todo el país?

–Por supuesto, debido a que ya tenemos casi mapeados las zonas identificadas como lugares de gran oferta de servicios de salud clandestinos, aunque estas acciones también incluirán los hospitales y clínicas para evitar todo foco de informalidad. Igual se verificará la inscripción de estos centros en el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Renipress) a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud – Susalud.

Sanciones impuestas

Al 31 de diciembre pasado, Susalud sancionó a un total de 66 instituciones entre Ipress, como hospitales, centros de salud, clínicas, consultorios, entre otros; y a las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud, ya sea SOAT, Afocat, Essalud, SIS, EPS, compañías de seguros, entre otros, tanto públicas como privadas y mixtas. Así, en dicho período se aplicaron 156 sanciones.

Incluso, hasta diciembre del año pasado, el monto de las multas en UIT impuestas a las Ipress ascendió a 3,415; y, en el caso de las IAFAS, a 536.

Otro dato relevante es la ejecución de 604 supervisiones en 15 regiones del país: Áncash, Arequipa, Callao, Cajamarca, Cusco, Ica, Huancavelica, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Puno, Tacna, Tumbes, Ucayali y Lima Metropolitana.

El otro lado

En el 2018, la institución aumentó en 60% el alcance territorial de la función de promoción de los derechos en salud y de los mecanismos de atención para el ejercicio de estos derechos.

Se avanzó en una reformulación normativa que garantiza la protección y oportuna atención frente a los casos de vulneración de los derechos en salud.

Se impuso un nuevo enfoque de supervisión por procesos en cadena de valor, así como en la gestión de riesgos que derive en planes de mitigación. Se agilizó también los expedientes de procesos sancionadores.

Fuente: El Peruano