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Por: Juan José Santiváñez Antúnez Según el Diccionario de la real Academia Española[2], obediencia es la “acción de obedecer”, y obedecer es “cumplir la voluntad de quien manda”. Esta definición, en el ámbito castrense, lleva implícita la noción de jerárquica, la cual, en términos generales, consiste en aquel vinculo jurídico que relaciona entre si tanto a los órganos como a los funcionarios, por medio de poderes de subordinación.

Corresponde al personal militar femenino de las Fuerzas Armadas y al personal policial femenino de la Policía Nacional del Perú, en uso del goce del descanso pre y postnatal, percibir como ingreso durante los meses en que hace efectivo el derecho, el monto equivalente a la remuneración consolidada más la bonificación que estuviese percibiendo el día previo al que ejerce el descanso, sea esta la bonificación por desempeño efectivo de cargos de responsabilidad o la bonificación por función administrativa y de apoyo operativo efectivo, establecidas en los literales a) y b) del artículo 8 del Decreto Legislativo 1132, Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú, respectivamente

El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Policía Nacional del Perú expresaron su pleno respaldo al orden constitucional y al presidente Martín Vizcarra como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y Policía Nacional del Perú (PNP).

Como señala Ballesteros Sánchez, “Aproximarse adecuadamente a la Seguridad Nacional de un Estado multidimensionalmente en la actualidad, requiere, en términos de eficacia e idoneidad, realizarlo desde una perspectiva público-privada. El retroceso del sector público, la complejidad de la globalización, las amenazas híbridas, el avance tecnológico (inteligencia artificial, vehículos no tripulados, drones etc.) y el papel estratégico de algunas corporaciones convierte en vital, la colaboración en materia de seguridad nacional”[1]. Menciono esto porque la nueva Ley de Ciberdefensa, la primera en nuestro sistema legal, no establece los imprescindibles mecanismos de cooperación entre el sector público y el sector privado. Se parte de una errada concepción publicista de la ciberseguridad.