El drama de las obras por impuestos

Mario Reggiardo

Por: Mario Reggiardo, de Payet, Rey, Cauvi, Pérez. 

El mecanismo de (OxI) se implementó para disminuir la brecha de infraestructura en nuestro país. La es que las empresas privadas financien y gestionen obras, a cambio de descontar lo invertido del impuesto a la renta. El inicio fue prometedor y solo en los últimos tres años se han invertido S/. 1929 millones. Pero de las 411 obras adjudicadas desde el 2009 solo se han concluido 234.

Algunas situaciones desincentivan a las empresas a embarcarse en estos proyectos. Muchos problemas empiezan por defectos en el expediente técnico, que no siempre es elaborado por la empresa financista, debido a que la entidad opta por lanzar una convocatoria para la elaboración del expediente técnico y otra para la ejecución del proyecto. Lo recomendable es que el privado pueda tener a su cargo también la elaboración del expediente para minimizar esos defectos.

Otro problema son las cláusulas arbitrales de los convenios de inversión, que suelen ser ambiguas y generan dilaciones en la solución de los conflictos. La normativa OxI exige arbitrajes institucionales, pero las entidades no especifican la institución a la que se someterán las controversias. Esto genera largas discusiones procedimentales sobre cuál debe ser la entidad que administre el , en vez de que directamente se pueda iniciar el proceso y resolver el conflicto.

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Cuando se presentan controversias con la entidad pública, es recomendable que estas sean abiertas a buscar consensos y tener al arbitraje solo como última opción, ya que se pueden entrampar las obras. Conforme a la normativa OxI, no procede la del proyecto mientras existan controversias pendientes de resolver, lo que suele llevar a tener proyectos sin liquidar por mucho tiempo. Sin la liquidación, el privado no tendrá derecho a recibir el Certificado de Inversión Pública, que es uno de los motivos por los que las empresas deciden financiar y gestionar una obra pública. Sin ese certificado, la empresa deberá pagar el impuesto a la renta, como si no hubiese gastado millones en hacer la obra.

El temor a la Contraloría y a la Fiscalía hace que muchos funcionarios públicos no transen en las controversias con el privado y acaben en largos conflictos con el que pierden todos: la población con una obra no concluida, la entidad pública con una imagen de ineficiente y la empresa privada que gasta mucho dinero sin poder descontar esa inversión como impuesto a la renta, lo que la desincentiva de financiar nuevas obras en el futuro.

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Fuente: Gestión

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