La Comisión de Constitución y Reglamento, que preside Patricia Juárez Gallegos (FP), atendió la sustentación de dos propuestas de ley: una que establece requisitos para la presentación de las futuras leyes declarativas y la segunda para eliminar los contratos ley de la Constitución Política.
El congresista José Luis Elías Ávalos (Podemos Perú) fue quien expuso la necesidad de modificar los artículos 68 y 76 del Reglamento del Congreso de la República para acotar los alcances de la denominada ley declarativa.
Así, de acuerdo al Proyecto de Ley 486/2021-CR, se incorporaría el literal f) del ítem 2.3 del artículo 76 del Reglamento del Congreso con este texto: «No pueden ser presentados proyectos de ley de carácter declarativo referido a la creación de distritos, delimitación territorial, creación y/o autorización de funcionamiento de universidades, organismos públicos u otros de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo”.
Por su parte, el congresista Edgar Reymundo Mercado (Juntos por el Perú) expuso, ante sus colegas de la comisión, la necesidad de derogar el segundo párrafo del artículo 62 de la Constitución Política que se refiere al «contrato ley».
De aprobarse esta enmienda constitucional (PL 187/2021), el artículo 62 de la Carta Magna se quedaría con este texto: “La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley.»
Reymundo explicó que los «contratos-ley» se establecieron en un contexto «donde el Perú se encontraba en cuidados intensivos, y la salud de la economía, la política y la sociedad experimentaba una grave crisis de gobernabilidad. Mi propuesta ayudaría a establecer una política tributaria acorde a la realidad actual y a combatir la corrupción empresarial».
