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Los programas de cumplimiento, en general, constituyen mecanismos de autorregulación que tienen por finalidad garantizar que las organizaciones cumplan con sus obligaciones legales de manera sostenible. Así, en materia de libre competencia, los programas de cumplimiento deben contar con mecanismos para que los agentes económicos prevengan, detecten y tomen acción oportuna ante la ocurrencia de las prácticas anticompetitivas sancionadas en el TUO del D. Leg. N° 1034, Ley de Libre Competencia.

Como señala Ballesteros Sánchez, “Aproximarse adecuadamente a la Seguridad Nacional de un Estado multidimensionalmente en la actualidad, requiere, en términos de eficacia e idoneidad, realizarlo desde una perspectiva público-privada. El retroceso del sector público, la complejidad de la globalización, las amenazas híbridas, el avance tecnológico (inteligencia artificial, vehículos no tripulados, drones etc.) y el papel estratégico de algunas corporaciones convierte en vital, la colaboración en materia de seguridad nacional”[1]. Menciono esto porque la nueva Ley de Ciberdefensa, la primera en nuestro sistema legal, no establece los imprescindibles mecanismos de cooperación entre el sector público y el sector privado. Se parte de una errada concepción publicista de la ciberseguridad.

“Visita inopinada del Ministerio Público a nuestras oficinas”, “la Fiscalía no encontró información relevante”, “seguiremos colaborando con las autoridades”, son expresiones de los comunicados de algunas de las cinco firmas de abogados allanadas hasta ahora por el Equipo Especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato. El primero de ellos el 17 de mayo de 2017 (Estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas, caso del ex Gobernador de Cusco Jorge Acurio Tito), el segundo el 20 noviembre de 2018 (Estudio Oré Guardia, caso Fuerza Popular) y los tres últimos el 9 de julio de 2019 (Estudios Muñiz, Echecopar/Baker & McKenzie, y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, todos por el caso Gasoducto Sur Peruano).

Hace más de 4 años que abordé en el libro Criminal compliance [1] los potenciales riesgos para las empresas de acción internacional, entre ellas las peruanas, de ser sancionadas en Estados Unidos por delitos de corrupción, aún estas infracciones penales no hayan sido cometidas en el propio país norteamericano. Quizás el caso más notable lo constituye el acuerdo firmado el 21 de diciembre de 2016 entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la empresa Odebrecht, que, como muchas otras empresas, se vio obligada a pagar una suma millonaria a fin de evitar procesos judiciales por corrupción. Lo particular de la firma de este acuerdo es que permitió destapar una serie de actos corruptos que luego derivaron en sendas investigaciones en los países donde desplegaba sus actividades empresariales, incluido el Perú.

El compliance y el ámbito laboral. El compliance, o cumplimiento (en español), surgió en los Estados Unidos de Norteamérica a fines del siglo pasado [1] en un contexto similar al que actualmente vive nuestro país: escándalos de corrupción en los sectores público y privado. Se trata de la búsqueda de una medida de autorregulación interna que deben adoptar los interesados en aplicarla para coadyuvar a un orden en el desarrollo de sus propias funciones, de modo tal que se eviten potenciales dificultades que pongan en riesgo su estabilidad y/o prestigio frente al mercado y/o la sociedad.

Marcelo es un empresario del sector construcción, no cree mucho en la lucha anticorrupción pero sabe que, para los clientes y los bancos, parecer bueno y ético es muy importante. Nadie quiere escándalos, todos se visten con algo de compliance, asisten a foros de ética empresarial y juran ante la cruz que jamás van (volverán) a corromper. Marcelo necesita adecuarse a estos tiempos de compliance, quiere implantar un programa de cumplimiento en su empresa y obtener la certificación ISO 37001 Antisoborno. Para ello deberá invertir inicialmente entre US$50.000 y US$100.000, entre asesores, el sueldo de un oficial de cumplimiento a tiempo parcial, auditorías y la certificación.

Por Marco Antonio Ruiz Martinez Abogado Corporativo, Investigador y Especialista en Corporate Compliance Dos procesos fundamentales conocidos como condicionamiento clásico y operante, ayudaron a los psicólogos a entender mejor las conductas humanas. A principios del siglo pasado el gran psicólogo Ruso Iván Pavlov hizo un descubrimiento que se convertiría en un hito en el campo del aprendizaje. Pavlov estaba estudiando el reflejo de salivación de los perros durante la digestión, observo que luego de haberlos traído varias veces al laboratorio comenzaban a salivar aún antes de que les trajesen alimento. ¿Por qué se había alterado el reflejo innato del perro? Luego de …

Hace más de 8 siglos el Imperio de los Incas tuvo su centro de operación en el Cuzco (Perú)  y sus gobernantes fueron denominados “Incas”. El territorio incaico tuvo una extensión que abarcó cerca 2 millones de kilómetros cuadrados entre el océano Pacífico y la selva amazónica, desde las cercanías de Pasto (Colombia) en el norte hasta el río Maule (Chile) por el sur, a todo este territorio se le denomino “Tahuantinsuyo”. La red de comunicaciones de aquellos tiempos debía cubrir toda esa extensión, tanto de norte a sur, como de este a oeste. La red de comunicación ocupó territorios de Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. En conjunto toda esta red comunicativa comprendió entre 30,000 y 50,000 kilómetros.

Por Marco A. Ruiz Martinez* y Jimena Alguacil Cesari** Desde hace algunos meses se ven diferentes publicaciones en las se hace referencia a la necesidad de nuevas leyes que impidan de alguna manera el alto grado de corrupción de las instituciones en nuestros países, a voz en cuello requieren penas más severas para la corrupción, leyes anti-lavado de activos y transparencia en la financiación de los partidos políticos. Como si el hecho de subir una pena o dictar una nueva ley nos enrumbara de una manera casi mágica por el sendero de la integridad, y buen gobierno corporativo.   Malum …

La Norma Técnica Peruana Antisoborno ISO 37001, permite a las empresas o entidades públicas ser más competitivas porque previene, detecta y enfrenta casos de corrupción en los procesos y atención al ciudadano, señaló la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Calidad (Inacal), Rocío Barrios. “Nuestro país cuenta con una herramienta de calidad que especifica los requisitos y proporciona orientaciones para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión antisoborno”, subrayó. En ese sentido, señaló que el Inacal invita a las organizaciones y a la ciudadanía a conocer la Norma Técnica Peruana Antisoborno ISO 37001 para sumar a la …