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El especial cuidado en los contratos, negociaciones y todo tipo de decisión que tome la empresa para prevenir la comisión de delitos.

En toda guerra, en toda crisis, aunque la mayoría sólo tiene algo que perder, siempre algunos salen beneficiados. Descontando el riesgo sanitario generalizado, la pandemia del COVID-19 es una gran oportunidad para el teletrabajo y toda la industria on line, como los bancos, las fintech, los servicios at home, pero también para ese gran mercado médico y farmacéutico, e incluso para nichos ilegales como la ciberdelincuencia o el propio control del crimen (el brazalete electrónico para evitar contagios en prisión). En todas las guerras hay muertos, pero siempre hay industrias que se fortalecen.

Eficacia de los Sistemas de Cumplimiento Compliance en su Aplicación por la vigencia del Reglamento de la Ley 30424, que regula responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y la Idoneidad de su Propósito de Defensa.

Por: Dino Carlos Caro Coria  (CEO en Caro & Asociados y Presidente de la Asociación Peruana de Compliance).  ¿Es posible analizar el compliance desde la teoría del delito?, la respuesta no es tan obvia si se tiene en cuenta que en el common law, para la regulación (FCPA, UKBA y UKCFA) y la literatura, los programas de prevención pueden fundamentar un descargo de la responsabilidad penal de la persona jurídica ("it is a defence") que debe ser probado por la defensa conforme a criterios periciales y, en especial, en base a las guías e instructivos desarrollados por las autoridades sobre el contenido mínimo y alcances de éstos, lo que convierte la decisión de imputar o no a la empresa en el resultado de un análisis principalmente de tipo "check list”.

El nuevo reglamento para la implementación voluntaria de programas de cumplimiento normativo en materia de protección al consumidor y publicidad comercial, podrá asegurar un mayor estándar de cumplimiento en las relaciones de las empresas con sus clientes.

Comentarios y propuestas de mejora del Proyecto de la SMV sobre los “Lineamientos para la Implementación del Modelo de Prevención (Ley 30424, sus modificatorias y su Reglamento)”. Conclusiones del LXVI Conversatorio efectuado el 25.10.19, con la participación de Dino Carlos Caro Coria, Luis Fernando Iberico Castañeda, Luis Miguel Reyna Alfaro, Andy Carrión Zenteno, Ana Cecilia Hurtado Huailla, Karolaym Herrera Esquivel, Virginia Naval Linares, María Alejandra Quintana Gallardo, Luz Celeste Valenza Trujillo, miembros de la Asociación Peruana de Compliance.

Los programas de cumplimiento, en general, constituyen mecanismos de autorregulación que tienen por finalidad garantizar que las organizaciones cumplan con sus obligaciones legales de manera sostenible. Así, en materia de libre competencia, los programas de cumplimiento deben contar con mecanismos para que los agentes económicos prevengan, detecten y tomen acción oportuna ante la ocurrencia de las prácticas anticompetitivas sancionadas en el TUO del D. Leg. N° 1034, Ley de Libre Competencia.

Como señala Ballesteros Sánchez, “Aproximarse adecuadamente a la Seguridad Nacional de un Estado multidimensionalmente en la actualidad, requiere, en términos de eficacia e idoneidad, realizarlo desde una perspectiva público-privada. El retroceso del sector público, la complejidad de la globalización, las amenazas híbridas, el avance tecnológico (inteligencia artificial, vehículos no tripulados, drones etc.) y el papel estratégico de algunas corporaciones convierte en vital, la colaboración en materia de seguridad nacional”[1]. Menciono esto porque la nueva Ley de Ciberdefensa, la primera en nuestro sistema legal, no establece los imprescindibles mecanismos de cooperación entre el sector público y el sector privado. Se parte de una errada concepción publicista de la ciberseguridad.

“Visita inopinada del Ministerio Público a nuestras oficinas”, “la Fiscalía no encontró información relevante”, “seguiremos colaborando con las autoridades”, son expresiones de los comunicados de algunas de las cinco firmas de abogados allanadas hasta ahora por el Equipo Especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato. El primero de ellos el 17 de mayo de 2017 (Estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas, caso del ex Gobernador de Cusco Jorge Acurio Tito), el segundo el 20 noviembre de 2018 (Estudio Oré Guardia, caso Fuerza Popular) y los tres últimos el 9 de julio de 2019 (Estudios Muñiz, Echecopar/Baker & McKenzie, y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, todos por el caso Gasoducto Sur Peruano).

Hace más de 4 años que abordé en el libro Criminal compliance [1] los potenciales riesgos para las empresas de acción internacional, entre ellas las peruanas, de ser sancionadas en Estados Unidos por delitos de corrupción, aún estas infracciones penales no hayan sido cometidas en el propio país norteamericano. Quizás el caso más notable lo constituye el acuerdo firmado el 21 de diciembre de 2016 entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la empresa Odebrecht, que, como muchas otras empresas, se vio obligada a pagar una suma millonaria a fin de evitar procesos judiciales por corrupción. Lo particular de la firma de este acuerdo es que permitió destapar una serie de actos corruptos que luego derivaron en sendas investigaciones en los países donde desplegaba sus actividades empresariales, incluido el Perú.