Recompensa y anonimato para quienes colaboren en captura de delincuentes

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Norma decretada por el Ejecutivo estableció beneficios económicos y medidas de protección para proteger la vida e integridad de quienes ayuden a las Fuerzas Policiales y Armadas en la captura de miembros de organizaciones criminales, organizaciones terroristas y responsables de delitos de alta lesividad.

Serán acreedores de un beneficio económico aquellos ciudadanos que brinden información oportuna e idónea que permita la búsqueda, captura y/o entrega de miembros de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúen por encargo de la misma.

Dicha recompensa también alcanzará para quienes brinden información de organizaciones terroristas y de presuntos autores y partícipes de uno o más delitos. Con ello se buscará reducir los índices de criminalidad que afectan el orden interno y la seguridad ciudadana.

Así lo estableció el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Legislativo N° 1180 publicado en el diario oficial El Peruano el lunes 27 de julio.

La información brindada por los ciudadanos colaboradores tendrá carácter secreto y recibirá el mismo tratamiento de la información referida en el numeral 2 del artículo 15 del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM. De esta manera, cada colaborador será identificado con un seudónimo, clave o código, para mantener en secreto su identidad.

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La revelación indebida o el manejo inadecuado de la información o documentación proporcionada, así como la entrega simulada o información fraudulenta por parte de miembros de la de o de las Fuerzas Armadas, serán sancionadas de conformidad con sus respectivos regímenes disciplinarios, sin perjuicio de la responsabilidad penal.

Asimismo, se precisa que las entidades legitimadas para presentar propuestas y efectuar pagos de recompensas son la Policía Nacional del Perú, a través del Director Nacional de Operaciones Policiales; las Fuerzas Armadas a través del Jefe del Comando Conjunto; y, los Ministerios del Interior y de Defensa, conforme lo determine la Comisión Evaluadora respectiva.

Para su aplicación el Consejo de Ministros deberá crear dos comisiones evaluadoras de recompensa: la primera, que evaluará los casos de terrorismo, y la segunda que será competente para los casos relacionados a la criminalidad organizada y delitos de alta lesividad.

Se dispuso, además, la reglamentación de la norma en un plazo máximo de 60 días. En ella, se establecerán medidas de protección y el procedimiento a seguir para el otorgamiento de la recompensa, como lo son las etapas, plazos, montos máximos y niveles de la recompensa, así como los delitos materia de evaluación por la Comisión de Evaluación de Recompensas contra la Criminalidad.

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¿Quiénes no podrán recibir el beneficio de recompensa?

Se excluyen de este beneficio a los miembros de las comisiones evaluadoras de recompensas, y a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

Igualmente se excluye a los  magistrados del y del Ministerio Público, así como a sus asistentes y personal administrativo; los procuradores públicos y sus adjuntos, abogados y personal administrativo de las procuradurías; así como a los funcionarios, directivos o servidores de las entidades públicas que por razón de su cargo o función tengan o hayan tenido acceso a hechos o información que puedan dar lugar al beneficio de recompensa.

También quedan fuera los autores o partícipes de los delitos de alta lesividad y las personas que se acojan al proceso de colaboración eficaz respecto de los mismos hechos que motivan el procedimiento de otorgamiento del beneficio de recompensa.

Fuente: La Ley

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