
“En los casos de delitos por criminalidad organizada cometidos por altos funcionarios, cuando está de por medio el patrimonio del Estado, el plazo de acción penal o la prescripción se duplica, por lo que es sumamente difícil que prescriban con eventuales penas máximas”, refirió.

El juez José Antonio Neyra Flores, integrante de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, señaló que en los últimos años la tecnología está ocupando un papel preponderante como medio de prueba en los procesos judiciales, como en el delito de extorsión en sus diversas modalidades.

La Fiscalía Penal Supraprovincial Transitoria Especializada en Delitos de Terrorismo y Delitos Conexos, con sede en Pichari, inició investigación por el ataque a un vehículo de la Policía Nacional del Perú en el centro poblado de Natividad (La Convención, Cusco), que dejó a siete efectivos policiales fallecidos y uno herido.

Ni los fiscales se salvan de la delincuencia. Según una denuncia policial que se encuentra en la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huancayo, un presunto ladrón ingresó al local del Ministerio Público de Junín, ubicado en la cuadra 3 de la calle Isabel Flores de Oliva S/N Urb. Sala – El Tambo (Huancayo).…

A raíz de las tres últimas condenas por apología de terrorismo en redes sociales, el juez Guillermo Huamán Vargas, presidente de Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional, explicó que este hecho es considerado un agravante, sancionado de 8 a 15 años, seguido por el realizado en ejercicio de la docencia…

Así lo explicó el juez Luis Del Carpio Narváez, integrante del Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional, quien señaló que, de acuerdo al artículo 108-C del Código Penal, en el delito de sicariato concurren estos agravantes: si participan menores de edad como perpetradores materiales o si es cometido por una organización criminal.

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, destacó hoy el éxito del Subsistema de extinción de dominio de la institución al recuperar para el Estado bienes provenientes de actividades ilícitas, a través de sentencias emitidas con las garantías del debido proceso.

La congresista de Alianza para el Progreso Lady Camones presentó un proyecto de reforma constitucional para que sentenciados por terrorismo, narcotráfico, corrupción y violación no puedan ser candidatos a elecciones ni logren acceder a cargos públicos.

El magistrado Juan Carlos Checkley, a cargo del juzgado, rechazó el pedido al considerar que “el derecho de defensa (de Castillo Terrones) no se afectó sino que no se presentaba el supuesto de hecho estricto que habilitaba un procedimiento de acusación constitucional en los términos del artículo 89° del Reglamento del Congreso”.

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial la convalidación de la detención preliminar por un plazo de siete días en contra de Yaneth Navarro Flores y Cirilo Jara Mamani, quienes son sindicados de ser presuntos financistas de las violentas movilizaciones sociales en contra del Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso en Lima.