
El magistrado Juan Carlos Checkley, a cargo del juzgado, rechazó el pedido al considerar que “el derecho de defensa (de Castillo Terrones) no se afectó sino que no se presentaba el supuesto de hecho estricto que habilitaba un procedimiento de acusación constitucional en los términos del artículo 89° del Reglamento del Congreso”.