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Tras un proceso judicial de casi cinco años, ayer miércoles 13 de enero la Corte Suprema notificó una sentencia que anula la disposición que evitaba que se consulten las medidas relacionadas a servicios públicos que afecten a los pueblos indígenas, tales como la construcción de carreteras, aeropuertos, hidrovías, líneas de transmisión eléctrica, entre otras.