
“En los casos de delitos por criminalidad organizada cometidos por altos funcionarios, cuando está de por medio el patrimonio del Estado, el plazo de acción penal o la prescripción se duplica, por lo que es sumamente difícil que prescriban con eventuales penas máximas”, refirió.

Por: Juan José Martínez Ortiz (Experto legal. Consultor en Derecho Administrativo y Gestión Pública) En este artículo queremos poner en relieve la primacía del ciudadano en el Estado y frente a la Administración Pública. Este es un artículo que no debería escribirse porque pareciera que estamos diciendo algo evidente.

Por: Christian Guzmán Napurí, Docente de la Maestría en Derecho Administrativo Económico, en la Universidad Continental. La facultad de la Administración Pública para limitar derechos fundamentales admite ciertos parámetros, como lo hemos señalado en entregas anteriores. Vale decir, requerimientos a la Administración para que pueda ejercer válidamente dicha actividad de limitación, que a su vez implica que…