El Poder Judicial aprobó la solicitud de la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato para que el Estudio Echecopar sea incorporado como tercero civilmente responsable en el caso “Gasoducto Sur Peruano II” (GSP).
En consecuencia, dicho bufete de abogados asumirá de manera solidaria, conjuntamente con el resto de investigados, un eventual pago de la reparación civil que se imponga al final del proceso penal, en el que se investigan los presuntos delitos en la adjudicación del proyecto Gasoducto Sur Peruano, según informó la Procuraduría Ad Hoc.
Le tesis del Ministerio Público señala que el Estudio Echecopar fue contratado como asesor de Proinversión para elaborar un informe legal que justificó la descalificación presuntamente irregular del consorcio competidor Gasoducto Peruano del Sur.
Con esta maniobra favorecieron al consorcio ganador Gasoducto Sur Peruano, que estuvo integrada por la empresa brasileña Odebrecht y la española Enagás.
El informe legal emitido por el referido estudio fue firmado por los abogados Jorge Danós y Sofía Reyna. Asimismo, la investigación penal está a cargo de la fiscal Geovana Mori del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público.
Hasta la fecha, la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato ha solicitado en esta investigación los montos preliminares de reparación civil que ascienden a US$ 1,302′354,891.26 y S/ 200,603.13, por los daños causados al Estado peruano.
“Esta decisión representa un hito judicial importante en el aseguramiento de las reparaciones civiles, puesto que se trata del primer estudio de abogados incluido en un proceso penal bajo el esquema Lava Jato en calidad de tercero civilmente responsable, con miras a pagar la eventual indemnización a favor del Estado”, indicó la procuradora ad hoc Silvana Carrión Ordinola.
Al respecto, el Estudio Echecopar indico que “rechaza tajantemente las acusaciones que afectan el honor y reputación ganados durante 70 años de ejercicio del Derecho y ratifica no haber incurrido en ninguna irregularidad al emitir una opinión legal, solicitada por Proinversion, que confirmaba que uno de los postores participantes en el proceso de adjudicación debía ser eliminado por infringir las bases del concurso. La decisión de Proinversion fue luego declarada legal y jurídicamente valida por la Corte Superior de Justicia de Lima y posteriormente ratificada por el Tribunal Constitucional”.
“El fundamento que esgrime la Fiscalía”, añade el Estudio Echecopar, “para incluir a nuestros abogados en sus investigaciones es que al emitir el informe solicitado por Proinversión, se convirtieron en funcionarios públicos. Esta argumentación tiene el propósito deliberado de imputarles la comisión de un delito inexistente en un tipo penal que solo puede alcanzar a funcionarios públicos, lo cual es un absurdo jurídico”.
Fuente: Perú 21
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Como abogados miembros de un Estudio Jurídico de Abogados que pertenece al sector privado, por emitir un informe legal encargado por una entidad del sector público como Proinversión, no los convierte en funcionarios públicos.