Por: Yusith Vega Odes, Oficial de Cumplimiento y miembro de la Comisión de Integridad y lucha Contra la Corrupción de la CCL
Transparencia Internacional es una organización de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción en el mundo. Desde 1995, publica anualmente el “Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)”, que otorga una puntuación y clasifica alrededor de 180 países y territorios según las percepciones sobre el grado de corrupción que existe en su sector público.
Se trata de un índice compuesto por una combinación de encuestas y evaluaciones sobre corrupción, a través de datos de 13 fuentes externas, entre ellas el BID, el Foro Económico Mundial, empresas privadas especializadas en análisis de riesgos, entre otras; empleando una escala de cero a cien, donde el cero representa a un alto nivel de corrupción y, el cien, corrupción prácticamente inexistente. El IPC de Transparencia Internacional, es el indicador de corrupción más usado en todo el mundo.
Tras 02 años de la pandemia de Covid-19 el “Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)” se encuentra estancado en todo el mundo. 131 países de los 180 evaluados por Transparencia Internacional, no han registrado ningún avance significativo en materia de lucha contra la corrupción en la última década y 27 países se encuentran en el nivel más bajo de su trayectoria, es decir con índices superiores de corrupción; todo ello en medio de un entorno de incertidumbre, inestabilidad política y económica, de abusos a los derechos humanos y deterioro de la democracia.
En muchos países, se ha aprovechado la pandemia de Covid-19 para recortar libertades básicas y esquivar frenos y contrapesos importantes.
Los resultados del informe de Transparencia Internacional muestran que los países que protegen de manera adecuada las libertades civiles y políticas suelen controlar mejor la corrupción. Queda demostrado que las libertades fundamentales de asociación y expresión son esenciales en la lucha frontal contra la corrupción.
Con 88/100 puntos cada una, Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda lideran el IPC 2021 como “los países de menos corrupción” en el mundo; siendo 66/100 la puntuación media de la región de Europa Occidental y Unión Europea a la que pertenecen. Cabe señalar que Europa cuenta con 14 de los 20 países menos corruptos.
En el extremo opuesto se encuentran Venezuela, Somalia, Siria y Sudán del Sur, con 14, 13, 13 y 11/100 puntos respectivamente; siendo de 43/100 la puntuación media del Continente Americano (para el caso de Venezuela), y de 33/100 que es la puntuación media de la región de África Subsahariana, para Somalia y Sudán del Sur y de 39/100 que es la puntuación media de la región Oriente Medio y Norte de África que le corresponde para el territorio de Siria. Estos países, con una puntuación muy baja se consideran más corruptos y, en general, se caracterizan por la impunidad de la corrupción, la mala gobernabilidad y por tener sus instituciones débiles.
Nuestro país se ubica con 36/100 puntos en la tabla, disminuyendo 2 puntos con respecto al IPC del año 2020. El Perú se encuentra por debajo del promedio regional americano que es de 43/100.
A la situación de corrupción sistémica que aqueja nuestro país históricamente, se suma la inestabilidad política que ha sido constante en estos últimos años, dentro de la cual la corrupción y la presencia de intereses en todos los niveles del estado han tenido un papel protagónico, así como las grandes sospechas e investigaciones en curso de mal uso de los recursos públicos para enfrentar la COVID-19.
En el resto de nuestro continente, el índice de países con menos corrupción es liderado por Canadá con 74/100 y Uruguay con 73/100 puntos cada uno, ambos muy por encima del promedio regional americano que es de 43/100. Mientras que Haití, Nicaragua y Venezuela con 20, 20 y 14/100 puntos respectivamente, se ubican como los países con un alto índice de corrupción en nuestro Continente.
Transparencia Internacional hace un llamado a los gobiernos a cumplir sus compromisos en materia de corrupción y derechos humanos, y llama a la población del mundo entero a unirse y exigir el cambio.
Como país, debemos contar con una política de Estado firme y decisiva al respecto y en base a ello, debemos fortalecer el trabajo articulado entre gremios empresariales, el sector público, la academia y la sociedad civil, ya que nos permitirá seguir sumando esfuerzos que contribuyan a promover una cultura de integridad y ética en nuestra sociedad a fin de asegurar su sostenibilidad en el tiempo.
Fuente: La Cámara (CCL)
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