La exlegisladora Marisol Espinoza, expulsada de las filas de Alianza Para el Progreso (APP), presentó ante la Corte Superior de Justicia de Lima una acción amparo contra la decisión del presidente Martín Vizcarra de cerrar el Congreso de la República. El objetivo de dicho recurso es declarar inaplicable el decreto supremo del Ejecutivo que dispuso la disolución del Parlamento.
La demanda de la apepista ha sido planteada en momentos en que el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, estudia la presentación de una demanda de competencia ante el Tribunal Constitucional para que dirima en torno a la medida de disolución del Parlamento.
Espinoza solicita dejar sin efecto la convocatoria del Ejecutivo a elecciones legislativas para el 26 de enero del 2020, así como revocar el cese de las funciones de los parlamentarios.
El recurso será evaluado por el Primer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, a cargo de la magistrada Lizy Béjar Monge.
Argumentos
En el documento presentado por la exlegisladora se explica que Vizcarra violó el derecho al trabajo «consagrado en el artículo 22 de la norma fundamental, pues inconstitucionalmente se ha recortado el mandato parlamentario».
Alega que la disolución del Parlamento se basa en una interpretación del jefe de Estado. «Las voluntades de ninguna manera pueden reemplazar a la ley. En nuestro ordenamiento jurídico, la confianza no se da ni se niega de forma fáctica», expresó.
Renuncia
Sobre la demanda de Espinoza, su excolega César Vásquez expresó que dicha postura no representa el sentir de Alianza Para el Progreso, y considera apropiada la medida de expulsión en su contra. «Ella votó en Constitución por el archivamiento del proyecto de adelanto de elecciones, contra la opinión del partido, y la demanda de amparo fue la gota que derramó el vaso».