La última Encuesta Minera 2019 del Instituto Fraser reflejó una percepción que durante los últimos años ha venido acrecentándose en los agentes que participan en el sector y que, sin perjuicio del impacto de la economía mundial (desaceleración), ha generado una significativa reducción de la inversión en el desarrollo de nuevos proyectos, sobre todo en exploración minera.
En efecto, la percepción de los inversionistas mineros sobre la competitividad del sector evidencia una preocupación recurrente por el contexto legal de nuestro país, particularmente respecto a la incertidumbre por la administración pública y la aplicación de las normas, así como por las inconsistencias y duplicidades del marco regulatorio vigente.
Así, el atractivo del Perú decreció, descendiendo del puesto 14 al 24 a nivel mundial (de 76 jurisdicciones evaluadas), y siendo relegado a una tercera posición en América Latina después de Chile y la provincia argentina de San Juan.
Si bien el Perú mantiene un ambiente favorable para las inversiones a nivel latinoamericano, existe un contraste marcado entre su potencial geológico (12/76) y la percepción sobre un aspecto clave como el atractivo de nuestra regulación (45/76).
Especial atención merece el comentario de un encuestado referido a que la regulación para el desarrollo de exploración minera es excesiva e impredecible, lo cual está generando retrasos y cancelaciones de proyectos.
Así, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Energía y Minas, la inversión en exploración en diciembre de 2019 reportó un descenso igual a 20.2%, en referencia al mismo mes de 2018, lo que sumado a los resultados de meses anteriores determinó una disminución en 13.6% con relación al año anterior.
Ello resulta determinante pues el freno a la inversión en exploración ha generado que, frente a un contexto de máximo históricos de algunos minerales, no contemos con proyectos de exploración consolidados y que puedan reemplazar a las unidades mineras existentes; lo cual afecta seriamente el futuro del sector.
Es innegable que las percepciones juegan un papel determinante al momento de la toma de decisión sobre invertir o no en un país, de ahí que una regulación coherente y predecible genere confianza. Es en este contexto que en setiembre del pasado año fue creada la Comisión para el Desarrollo Sostenible, la cual tuvo como finalidad proponer medidas normativas, de gestión y de política pública para el desarrollo de actividades mineras.
En cuanto a exploración, como parte del eje de “Mejora Regulatoria” dicha Comisión propuso que las Fichas Técnicas Ambientales – FTA (aplicable a proyectos de hasta 20 plataformas que no están sujetos al Sistema de Evaluación Ambiental) sean de aprobación automática y que se evalúe la aplicación del silencio administrativo positivo a los procedimientos mineros.
Así, recientemente ha sido modificado el Reglamento Ambiental para Exploraciones, el cual si bien ha supuesto un avance en aras del destrabe de proyectos, sigue siendo renuente a la aplicación de figuras como la aprobación automática, como por ejemplo para el caso de las FTA, limitándolo a un silencio administrativo positivo.
Esperamos que ello sea reevaluado en el Reglamento de Procedimientos Mineros que se encuentra en elaboración, pues la demora o desconfianza de la Administración no debe ser suplida con autorizaciones previas.
A modo de conclusión, la finalidad de simplificar la regulación de cara a agilizar el desarrollo de proyectos, no significa en modo alguno que se reduzcan los estándares de cumplimiento, sino partir de la premisa que no siempre la carga tiene que estar en el administrado. Así, lo que se busca, por un lado, es que se genere una cultura de confianza en la veracidad de la información presentada por el administrado (declaraciones juradas, comunicaciones) y, por otro, que se fortalezca la institucionalidad estatal para una adecuada fiscalización posterior.
Fuente: Cámara de Comercio Canadá Perú
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Sobre el pago de la Vigencia de Pago de las Concesiones Mineras debe ampliarse la prorroga del pago por mas tiempo debido a que estamos en cuarentena en Huanuco y demas regiones recien saliendo de la cuarentena. En consecuencia siete meses sin poder realizar movimientos economicos lo que implica cero liquidez. Seria de justicia ampliar el plazo para cumplir dicha obligacion sino concesionarios perderian su concesion.
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