El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, brindó algunos detalles de la propuesta de reforma constitucional de adelanto de elecciones generales al 2020 e indicó que el Poder Ejecutivo presentará dicho proyecto el miércoles al Congreso.
Aseveró que el presidente Vizcarra no puede ser pasible de una vacancia presidencial por presentar un planteamiento de esta naturaleza, porque dicha reforma no constituye un exceso ni una infracción a la Carta Magna.
Indicó que el proyecto de reforma constitucional trata de salvaguardar la institucionalidad del país.
El ministro Zeballos informó que la propuesta de reforma constitucional de adelanto de elecciones al 2020 sugiere el cumplimiento de un nuevo cronograma electoral. Se contempla la reducción de plazos y la flexibilización de otros frente a lo dispuesto en la ley Electoral de convocar a elecciones 270 días antes de la fecha de los comicios.
Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante disposiciones transitorias por el Congreso.
Asimismo, el proyecto de reforma acorta los mandatos (tanto presidencial y congresal) y establece que las nuevas autoridades deben asumir sus cargos el 28 de julio del 2020 como resultado de los comicios.
El Gobierno propondrá también que se suspenda la aplicación de la ley que prohíbe efectuar modificaciones a la norma electoral un año antes de las justas electorales con la finalidad de garantizar el desarrollo del proceso de adelanto de elecciones.
“De tal forma que se flexibiliza y se adecua a la propuesta que estamos alcanzando”, refirió.
Zeballos apuntó que se busca la aprobación de una ley electoral transitoria para el cumplimiento de los plazos previstos.
Recordó que una norma de esa naturaleza fue dada por el expresidente Alberto Fujimori en el 2000 y suscrita por la entonces presidenta del Congreso, Luz Salgado.
El titular de Justicia y Derechos Humanos espera que el proyecto de reforma sea visto con prioridad por el Congreso, en el próximo periodo legislativo que se inicia el 15 de agosto.
Zeballos dijo que la propuesta debería ser aprobada entre agosto y setiembre por el parlamento.
Inmediatamente, sería sometida a consulta popular mediante referéndum en 60 días, que debe ser entre la última semana de noviembre y primera de diciembre y la convocatoria a elecciones sería la segunda semana del mes de abril, detalló.
Precisó que, si hay retraso o no hay voluntad política, el Poder Ejecutivo tomará otro tipo de acciones amparadas por la Constitución.
Fuente: Andina
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