El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) publicó hoy el decreto supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, que se aplicará en todas las entidades de la administración pública para la elaboración de proyectos de ley y proyectos de decretos legislativos, decretos de urgencia y decretos supremos, sin menoscabo de las atribuciones y potestades del Congreso de la República.
El reglamento establece lineamientos de técnica normativa y de sistematización legislativa orientados a la homogenización, pertinencia y eficacia de los textos de los proyectos normativos, contribuyendo a la mejora de la calidad normativa en el ordenamiento jurídico y garantizando la seguridad jurídica.
Deroga el Decreto Supremo 008-2006-JUS, que se encontraba desfasado dado el tiempo transcurrido, la evolución de la normativa peruana y las nuevas disposiciones existentes en materia de impacto y calidad regulatoria.
Contiene un conjunto de definiciones, necesarias para la comprensión de la norma, considerando que será empleada por una amplia gama de servidores civiles; y un título preliminar de cinco artículos, que incluye el ámbito de aplicación, objeto, finalidad, definiciones y el procedimiento normativo. Tiene seis títulos, con 52 artículos.
El reglamento regula lo concerniente a la sistematización legislativa, incorporando un capítulo sobre el particular, con disposiciones específicas en esta materia; y la estructura normativa de los proyectos, los criterios de redacción, la división de los artículos, y el contenido de las disposiciones complementarias y los anexos, realizando importantes precisiones sobre sus alcances.
Asimismo, se resalta la importancia de la calidad regulatoria en la elaboración de los proyectos normativos, al establecerse en el artículo 17 el acompañamiento del AIR Ex ante en las disposiciones que corresponda.
Finalmente, el nuevo reglamento contiene un conjunto de pautas relativas a los estados de excepción establecidos en el artículo 137 de la Constitución y parámetros para la emisión de Decretos de Urgencia, que recogen los criterios y líneas jurisprudenciales del Tribunal Constitucional.
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