El congresista Guillermo Bermejo de Perú Libre presentó una demanda de amparo para frenar la continuidad de las acciones de la Comisión de Constitución del Parlamento, respecto a impedir que se lleven a cabo consultas populares para reformas constitucionales como el referéndum, lo cual está amparado en la carta magna.
En este sentido, el legislador inició esta acción legal contra los parlamentarios de Fuerza Popular Hernando Guerra García, Nilza Chacón, Víctor Flores, Rosangella Barbarán, María del Pilar Cordero, Luis Alegría García.
También contra Jorge Montoya y Alejandro Muñante (Renovación Popular), Adriana Tudela (Avanza País) y Gladys Echaíz (Alianza para el Progreso).
El último 26 de noviembre, la Comisión de Constitución aprobó con 11 votos a favor, seis en contra y una abstención, el texto sustitutorio del proyecto de ley 0644-2021, el cual busca restringir el derecho de la ciudadanía de participar en reformas constitucionales mediante un referéndum.
La presidenta del grupo parlamentario de trabajo, Patricia Juárez, formuló el dictamen que precisa que se cambie el artículo 40 de la Ley 26300, Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano.
De aprobarse en el hemiciclo, el poder absoluto para decidir acerca de cualquier reforma quedaría en manos del Legislativo, pues el documento establece que no se podrá consultar a la población aquellas normas “que no se tramiten, según el procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución”, la cual refiere que “toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros”.
Si el Congreso decidiera dar luz verde a la norma en debate, recién podría ser ratificada a través de consulta popular o en una segunda legislatura consecutiva.
El último 10 de noviembre, durante su discurso en Ayacucho donde dio un balance por los 100 días de gobierno, el presidente Pedro Castillo volvió a referirse a la asamblea constituyente a la que calificó como un “grito popular”. En ese sentido, sostuvo que deberá ser el “pueblo organizado” quien encamine a su viabilidad.
Fuente: La República
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