El país ha sufrido con violentas protestas desde que Pedro Castillo perpetró el golpe de Estado el pasado 7 de diciembre. Un sector de manifestantes brilla por su radicalismo, ya que exige el cierre del Congreso, una Asamblea Constituyente y la liberación del hoy detenido exmandatario. Se trata del mismo discurso que tiene la izquierda extremista que hoy ocupa curules en el Congreso.
Entre estos grupos que respaldan a Castillo e incitan a la violencia, la Policía ha podido identificar a personas vinculadas al narcotráfico y a la minería ilegal.
Pero también están los miembros de la Fenatep que fueron beneficiados con cargos de prefectos por el golpista exmandatario.
Perú21 pudo corroborar que muchos de ellos empezaron a azuzar y participar de las protestas siendo autoridades. Uno de ellos es Brangil Mateo Blass, prefecto de Junín, que, a través de sus redes sociales, convocó a marchar y usar la violencia.
Y eso no es todo. En sus grupos de WhatsApp los prefectos informan y coordinan su participación en diferentes marchas. Dos de los más activos son los prefectos de San Martín, Tito Angulo Rivero, y de La Libertad, Pablo Ruiz Contreras. “Continuamos en la lucha, compañeros, respaldando a nuestro señor presidente (Pedro Castillo)”, comentó Angulo, quien también adjuntó fotografías suyas en las manifestaciones.
Integrantes de esos chats compartieron pantallazos con este diario con el compromiso de no publicarlos. Las mismas fuentes señalaron que se habría obligado a algunos subprefectos a protestar.
Del total de 26 prefectos, seis pertenecen a la Fenatep, Conare-Sute y al Partido Magisterial, todos ligados al grupo senderista Movadef.
Por ejemplo, la firma de Eliseo Huamani, quien fuera hasta esta semana prefecto de Apurímac, se encuentra en los planillones del Movadef.
Huamani ha usado los medios a su disposición para llamar a protestas, tanto su Facebook personal como el de la Prefectura. “Nunca renunciaremos a la lucha del pueblo”, publicó.
Otros 17 prefectos son afines al exjefe de Estado e incluso apoyaron la decisión de cerrar el Congreso inconstitucionalmente. En su mayoría, renunciaron a sus cargos “por lealtad” a Pedro Castillo e indicaron que su prisión preventiva de 18 meses es “arbitraria”.
Tito Ángulo Rivero, prefecto de San Martín, amenazó a través de un medio local con continuar con las extremas protestas. “Los culpables tendrán que pagar la sangre derramada”, manifestó.
Germán Rodas, prefecto de Lima Provincias, victimizó a Castillo por la situación que vive. “La prensa basura y los grupos de poder sacaron al presidente. Están advertidos, vacadores. El pueblo se declara en insurgencia nacional”, manifestó.
El nefasto legado de Castillo sigue desestabilizando al país. El gobierno de Dina Boluarte tiene aún mucho por hacer para que esto cambie.
Fuente. Perú 21
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