Recién a fines de octubre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República se estaría pronunciando sobre la admisibilidad de la denuncia presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo por ser el presunto cabecilla de una red criminal de corrupción. Esta decisión marcará el inicio de un complejo proceso político contra el mandatario, quien ayer, orillado por las pruebas contenidas en la frondosa denuncia de 375 páginas, presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial con el fin de bloquear la investigación en su contra.
Por lo pronto, mañana la presidenta de la SAC, Lady Camones, debe dar cuenta a ese colegiado de la recepción de la denuncia formulada por la titular del Ministerio Público. Este trámite será el punto de partida de un proceso que podría prolongarse, por lo menos, por tres meses y que ya varios congresistas han solicitado que se tramite con prioridad debido a su repercusión en la estabilidad política del país.
“Es un hecho histórico que pone en riesgo la estabilidad jurídica y política; histórico porque hace muchísimos años no ocurría una situación similar. Vamos a darle atención prioritaria pero con respeto al reglamento”, dijo Camones.
De acuerdo a ese mismo Reglamento Interno del Parlamento, si la subcomisión determina que la denuncia cumple los requisitos de admisibilidad y procesabilidad, deberá elaborar un informe de calificación y elevarlo a la Comisión Permanente, que, eventualmente, podrá dar inicio formal a la investigación (ver infografía).
Todo dependerá, empero, de los votos, y ahí vale llamar la atención sobre la composición de la SAC, que entre sus integrantes tiene nada menos que a tres de los congresistas de Acción Popular que integrarían el brazo parlamentario de la organización criminal conocido como ‘Los Niños’: Darwin Espinoza, Ilich López y Jorge Luis Flores Ancachi.
Lady Camones (APP) Presidenta
Waldemar Cerrón (PL) Vicepresidente
Noelia Herrera (RP) Secretaria
(*) Los tres congresistas de AP están sindicados por la Fiscalía como parte del grupo ‘Los Niños’.
José Williams (Avanza País) Presidente
Martha Moyano (FP) 1ra. vicepresidenta
Digna Calle (PP) 2da. vicepresidenta
Anticipándose a un desenlace adverso, el presidente Pedro Castillo presentó anoche una acción de amparo ante el Poder Judicial con el fin de que el Congreso “se abstenga de ejercer control político de manera arbitraria, desproporcionada y anticonstitucional” contra él.
Al respecto, el abogado constitucionalista Carlos Hackansson explicó que este recurso parece ser “un elemento distractor” frente a la ciudadanía y debe ser declarado “improcedente”.
“No tiene sentido. Lo que hace el Parlamento es actuar de acuerdo a sus competencias y la fiscal de la Nación también. Son manotazos de ahogado. Esto es como pedirles a los jueces que no administren justicia”, subrayó.
Explicó que el artículo 6 del Nuevo Código Procesal Constitucional establece que no proceden los procesos constitucionales que “si se trata de conflictos constitucionales surgidos entre los poderes del Estado o de entidades de la administración pública entre sí”.
Fuente. Perú 21
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