Congreso iniciará revisión curricular de candidatos al Tribunal Constitucional

Este miércoles se inicia la evaluación curricular de los 71 candidatos que superaron la etapa de tachas del proceso de selección de miembros del Tribunal Constitucional. La revisión estará a cargo de la Comisión Especial del Congreso y culminará el 11 de enero, y del 12 al 17 se presentarán las declaraciones juradas de los postulantes ante la Contraloría General de la República.

Continúa en el proceso Julio Rodríguez, un abogado que habría mantenido llamadas telefónicas con César Hinostroza entre mayo de 2016 y setiembre de 2017. También Francisco Morales, quien tiene tres denuncias archivadas a nivel fiscal, por abuso de autoridad y por omisión de actos funcionales. Asimismo, siguen en carrera el expresidente del TC y excongresista Carlos Mesía y el exmagistrado del TC Fernando Calle.

Otros que pasarán por la evaluación curricular son el procurador público de la Sunat, José Escalante; la excongresista María Teresa Cabrera y el abogado Javier Orihuela Rojas, hermano del actual gobernador regional de Junín que tomó el cargo tras la salida de Vladimir Cerrón Rojas.

Reconsideraciones

El secretario de la comisión, Wilmar Elera (SP), precisó que se rechazó tres reconsideraciones en el proceso de tachas.

“Se evaluó y vimos que los candidatos no tenían razón, entonces se declararon infundados sus recursos para seguir en el proceso. Ellos son Vicente Walde Jáuregui, Pedro Hernández Chávez y Valentino Arango Arbi”, señaló a Perú21.

En tanto, el exmiembro del TC, Óscar Urviola, dijo a este diario que la evaluación curricular es tan importante como la entrevista.

“Se les va a asignar puntajes máximos en aspectos como la producción intelectual, los grados académicos y los cargos que ha desempeñado. La suma de esos puntajes luego se sumará al que obtengan de las entrevistas personales”, explicó.

Tenga en cuenta

• Vicente Walde Jáuregui es uno de los candidatos que quedó fuera. Fue involucrado con César Hinostroza, con quien conversó sobre la contratación de una relatora.
• El 18 de enero, la Comisión Especial y la Contraloría cruzarán información para determinar qué declaraciones juradas deben ser objeto de examen.

Fuente: Perú 21