“Ha quedado corroborado por esta comisión fiscalizadora, que el presidente Pedro Castillo ha mantenido reuniones –fuera del domicilio legal del despacho presidencial– en pasaje Sarratea N°179, distrito de Breña, con exministros de Estado, congresistas de la República, funcionarios y empresarios, con el propósito de planificar de manera conjunta actos de corrupción en la administración pública, en el contexto de una organización criminal”, es una de las conclusiones del informe final de la Comisión de Fiscalización sobre el caso Sarratea que sacó a luz las andanzas, nada transparentes, del presidente Castillo.
El domingo 28 de noviembre, el programa Cuarto Poder reveló –en horario estelar– el despacho clandestino ubicado en el pasaje Sarratea (ver infografía). Después de un mes, una serie de personajes desfilaron por la Comisión de Fiscalización del Congreso, pero solo para confirmar que el presidente Pedro Castillo y su entorno estaban seriamente comprometidos en actos de corrupción, y que la casa del distrito de Breña fue un centro de operaciones.
El grupo de trabajo, presidido por el congresista Héctor Ventura, recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo por haber incurrido presuntamente en los delitos de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
Hoy, a las 3:00 p.m., se pondrá a debate el informe final, que tiene también al exministro Juan Silva (prófugo), al exsecretario general de Palacio Bruno Pacheco (prófugo) y al sobrino presidencial Fray Vásquez (prófugo) como los principales cómplices de la estructura criminal que estaría liderada por el aún mandatario.
“El Ministerio Público (MP) debería recoger el informe de la comisión. Hay información valiosa que puede ser objeto de valoración y evaluación de la Fiscalía, que debería solicitar la aplicación de medidas cautelares. Castillo podría ser suspendido del cargo a pedido del MP. Eso está establecido en las normas procesales”, dijo a este diario el penalista Luis Lamas Puccio.
“La conducta de Castillo ante las investigaciones es grave. Incluso se niega (a declarar) ante el Congreso. Ahora que no recibió a la Comisión de Fiscalización y canceló, a última hora, la diligencia, eso podría ser una causal para una denuncia constitucional”, sostuvo el abogado Mario Amoretti.
La comisión también indagó sobre los ascensos en el Ejército y concluyó que “ha quedado comprobado que Pedro Castillo directamente habría intervenido en el proceso a fin de que oficiales allegados al Ejecutivo sean beneficiados con dichos ascensos”.
La primera denuncia sobre este caso la hizo el general en retiro José Vizcarra, quien ahora recibe amenazas.
El excomandante general del Ejército José Vizcarra, quien denunció presiones del presidente Pedro Castillo y del exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco por los ascensos militares, confirmó a Perú21 haber recibido una amenaza de muerte.
El hecho fue denunciado en la comisaría del distrito de Jesús María: una persona de sexo masculino que vestía casaca negra, pantalón jean y casco negro, de contextura gruesa, a bordo de una moto lineal, hizo un ademán con la mano simulando una pistola apuntando a la cabeza, y manifestando “te vamos a meter un tiro en la cabeza”.
Según el acta de la denuncia, difundida en Willax TV, Vizcarra no pudo visualizar la placa de rodaje, pero cuenta con un testigo que lo acompañaba y pudo presenciar el suceso. Asimismo, solicitó a la PNP garantías personales.
Hace una semana, el militar en retiro reiteró en RPP que sí se reunió con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno y que recibió presiones para el proceso de ascensos en la institución castrense.
Por ello, cuestionó al mandatario por negar esta reunión durante su manifestación ante el fiscal Pablo Sánchez y recordó que hasta el exministro de Defensa Walter Ayala confirmó que sí se produjo el encuentro.
El ministro de Defensa, José Luis Gavidia, se limitó a pedirle a Vizcarra “que haga política a nombre personal”.
Fuente: Perú 21
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